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Politeia

versión impresa ISSN 0303-9757

Politeia v.38 n.34-35 Caracas  2005

 

Las limitaciones del liberalismo venezolano en la visión de sus protagonistas, 1830-1847

Elena Plaza

Resumen

    El proceso de reinstitucionalización social que se inició en la República de Venezuela entre 1830 y 1847, buscó conjugar el objetivo político inicial de nuestra independencia. Si bien existía un alto grado de consenso en el pensamiento liberal venezolano de la temprana república, también estaban conscientes de la enorme distancia que mediaba entre el ideal político al que aspiraban y la realidad social que tenían por delante. Las tareas pendientes para cubrir la brecha entre el deber ser político y el ser social fueron visualizadas en un proceso gradual de cambio anclado en el nuevo orden público y la continuidad administrativa que, en el largo plazo, llevarían al país por la senda de la paz, la libertad y el progreso, para hablar en palabras de Juan Vicente González. Sin embargo, ya a mediados de la década de los años cuarenta encontramos en la opinión pública de la época reflexiones críticas que apuntaban, con gran visión política, hacia las limitaciones del liberalismo venezolano. Presentar esa reflexión, en boca de los pensadores más lúcidos de aquel entonces, es el objetivo de este ensayo.

Palabras clave: Liberalismo venezolano; Instituciones políticas y administrativas; Cambio social; Orden público.

 

Limitations of Venezuelan liberalism in the eyes of its actors, 1830-1847



Abstract

    The social re-institutionalization process in Venezuela from 1830 to 1847 sought to integrate the initial political objective of our independence, that is, the creation of a Venezuelan state, independent of the Spanish monarchy and located in territory occupied by the Captaincy General of Venezuela, with the liberal vision of the state and public powers held by the elite who had separated from the Republic of Colombia and definitely ruptured with the ideals of Bolivar. In spite of great consensus within Venezuelan liberal minds of the early Republic, many were also aware of the underlying distance between the political ideal aspired and social reality ahead. The tasks required to bridge the gap between what social was and what political should have been were visualized in a gradual change process, based entirely on public order and administrative continuity, which in the long term, would, in the words of Juan Vicente González, lead the country toward peace, liberty and progress. Nevertheless, in the mid-1840’s, public opinion, displaying great political vision, critically reflected on the limitations of Venezuelan liberalism. This essay is intended to shed light on these reflections in the words of the most lucid thinkers of such time.

Key words: Venezuelan liberalism; Political and administrative institutions; Social change; Public order.

 

Recibido: 08-10-04
Aprobado: 01-11-04

Introducción

    El proceso de reinstitucionalización social que se inició en la República de Venezuela entre 1830 y 1847, buscó conjugar el objetivo político inicial de nuestra Independencia, es decir, la creación de un Estado venezolano independiente de la monarquía española, ubicado en el territorio ocupado por la Capitanía General de Venezuela, con la visión liberal del Estado y los poderes públicos, propia de las élites que habían asumido la separación de la República de Colombia y la ruptura definitiva con Bolívar. Si bien existía consenso y claridad acerca de la “idea política”1 de Venezuela entre quienes la propugnaban, también estaban conscientes de la enorme distancia que mediaba entre esa idea y la realidad social que tenían por delante. Las tareas pendientes para cubrir la brecha entre el deber ser político y el ser social fueron visualizadas en un proceso gradual de cambio anclado en el nuevo orden público y la continuidad administrativa que, en el largo plazo, llevarían al país por la senda de la paz, la libertad y el progreso, en palabras de Juan Vicente González.

    Sin embargo, ya a mediados de la década de los años cuarenta encontramos en la opinión pública de la época reflexiones críticas que apuntaban, con gran visión política, hacia las limitaciones del liberalismo venezolano. Presentar esa reflexión, en boca de los pensadores más lúcidos de aquel entonces, es el objetivo de este ensayo. Pensamos que él puede contribuir a ilustrar, en el contexto de la reflexión política venezolana del siglo XXI, cómo ya se habían instalado en aquella sociedad problemas que se han mantenido constantes y recurrentes a lo largo de nuestra historia política.

    Hemos organizado este ensayo en cuatro partes: en primer lugar, haremos un resumen muy general de la visión de la sociedad venezolana y su atraso, compartida por toda la élite gobernante, y de cómo visualizaron la superación y el cambio social en el largo plazo. En segundo lugar, presentaré los temas más recurrentes en la reflexión política venezolana de los años cuarenta en el siglo XIX, en relación con las limitaciones del liberalismo venezolano; en tercer lugar, el balance que se hace, a fines de los años cuarenta y de cara a una nueva elección presidencial, del funcionamiento de las instituciones políticas venezolanas de la época y, por último, en mis conclusiones, un balance personal que apunta hacia la recurrencia de ciertos problemas políticos y sociales en la búsqueda de la libertad y la democracia a lo largo de la historia venezolana.
 

La visión, en la época, de la sociedad venezolana y su atraso

    La coexistencia del modelo político liberal y de una sociedad atrasada en la cual se le quería implantar, no constituyó un problema exclusivo de las repúblicas hispanoamericanas del siglo XIX. Lo encontramos presente en la historia de todo el Nuevo Mundo e, igualmente, pero en menor grado, en países europeos que adoptaron el mismo modelo a fines del siglo XVIII e inicios del XIX. La diferencia no estaba, pues, en el problema, del cual por lo demás estaban plenamente conscientes las élites del país, sino en la magnitud del mismo. Pero, si bien no hay ingenuidad política ni alejamiento de sus respectivas sociedades en los políticos venezolanos de la temprana república, sí existía una gran dosis de optimismo acerca de las bondades del modelo liberal y de sus efectos benéficos en la sociedad, si se cumplían las siguientes condiciones: orden público, continuidad administrativa, gradualidad en el cambio, organización y fortaleza de las nuevas instituciones y efectividad en su funcionamiento.

    Fermín Toro, por ejemplo, compartía ese optimismo en un grado muy alto. En su serie de artículos titulados Europa y América, nos ofrece una visión comparada de ambas realidades después de la cual concluía que las sociedades hispanoamericanas, por ser sociedades nuevas, eran las más aptas para el éxito histórico del liberalismo. Hay en Toro un gran orgullo acerca de su condición de hispanoamericano, que lo llevaba a plantearse en 1839 cosas como ésta:

    ¿Quién no se ha creído (…) humillado al declarársele sin elevación de ideas, sin generosidad de sentimientos, sin energía de alma para conquistar y mantener instituciones que hacen la dicha de otros pueblos? ¡Atroz injusticia! (…) Los hijos de los españoles en América ni han andado tardos en la senda social, ni a ningún otro pueblo en el Nuevo Mundo ceden en amor a la independencia ni en espíritu de libertad. (…) En las Repúblicas hispanoamericanas las constituciones y las leyes revelan el principio benéfico que las ha dictado, y arguyen con una fuerza irresistible a favor del profundo sentimiento de libertad e igualdad que animó a toda la América española (…) Algunas de nuestras Repúblicas desaparecerán, otras nacerán, algunas cambiarán de formas exteriores; no importa, el espíritu de libertad e igualdad no perecerá y la condición social mejorará día a día (…) sus progresos son revoluciones (Toro, 1839:58-64).

    El atraso social era para ellos consecuencia de numerosos y complejos factores: el pasado español del cual habían heredado una sociedad de súbditos, no de ciudadanos, heterogénea y compleja; los efectos devastadores de la Guerra de Independencia; los errores políticos cometidos durante ese proceso y sus consecuencias; los rasgos estructurales de la economía venezolana, entre otros. Todo ello dificultaba la homogeneización social, condición fundamental para la existencia de una nación moderna, desiderátum muy lejano en 1830, en una sociedad profundamente desigual, con gran diversidad racial, esclavos e indígenas.

    Las grandes vías asumidas en la búsqueda de las condiciones básicas para el desarrollo social, en el largo plazo, fueron las siguientes:

1. La reinstitucionalización de la sociedad y la construcción del aparato estatal

    Las repúblicas hispanoamericanas estaban obligadas a dotarse de instituciones y leyes modernas y a observarlas rigurosamente, porque de ello dependía la fortaleza institucional, la estabilidad y el orden, la seguridad de las personas y sus bienes. Esto se hizo a través de un conjunto muy numeroso de leyes orgánicas, algunas de las cuales las hizo el propio Congreso Constituyente venezolano de 1830. Una vez instalados los poderes constituidos en 1831, esta labor continuó a cargo del Poder Legislativo, siguiendo un conjunto de prioridades políticas y administrativas, todas vinculadas al esfuerzo de organización del aparato estatal.2


2. La homogeneización de la sociedad

   La desaparición de la sociedad heterogénea, atrasada, rígida y profundamente desigual heredada del pasado español y su sustitución por una sociedad homogénea, en la cual el principio de la igualdad ante la ley fuera una realidad, era uno de los retos más difíciles de alcanzar para los nuevos gobernantes liberales venezolanos. En principio, estaban conscientes del desafío que tenían por delante, al contar con muy pocos individuos políticamente responsables, garantes de su propio orden y económicamente autosuficientes. Tres grandes vías se iniciaron para alcanzar la homogeneización social: la abolición gradual de la esclavitud, la reducción y “civilización” de los indígenas y el desarrollo de un sistema de educación pública en todo el territorio nacional.

    · La abolición gradual de la esclavitud


    El Estado venezolano mantuvo la misma visión grancolombiana en relación con la situación de los esclavos y sus descendientes, que conducía a discernir la situación de este sector de la sociedad en función de varios y distintos factores, pero agregando la nueva ley venezolana de manumisión. Por lo tanto, se pueden ubicar, cuando menos, cuatro situaciones distintas, jurídicamente hablando, entre 1830 y 1847: a) aquellos esclavos que se habían sumado a los ejércitos patriotas, tenían derecho al goce de su libertad y se incorporaban, por tanto, a la vida social en su nueva condición de hombres libres, sujetos a las leyes de la República, tanto en sus derechos como en sus deberes. Para ello debían concurrir personalmente, o en su defecto el amo, a hacer la petición ante la Secretaría del Interior y Justicia, previa demostración de la participación en la Guerra de Independencia en los ejércitos patriotas. Esto se convirtió, en los primeros años de la administración, a partir de 1831, en una gestión administrativa rutinaria y verificable en los archivos de la Secretaría de Relaciones Interiores de Venezuela. b) Los esclavos que no se habían sumado a los ejércitos patriotas, manteniéndose, bien fuera indiferentes o en el bando realista, permanecieron en su condición de esclavos y, por lo tanto, sujetos a las leyes españolas de esclavitud. c) Los hijos de esclavas que habían nacido después de la ley colombiana de manumisión, se mantenían sujetos a ese régimen hasta que cumplieran la edad de 18 años, cuando alcanzaban su libertad y, d) los hijos de esclavas nacidos después de 1830 quedaban bajo el amparo de la nueva ley venezolana de manumisión, prácticamente igual a la ley colombiana, pero que colocaba la edad para adquirir la libertad a los 21 años, haciéndola coincidir con la mayoría de edad dispuesta en la Constitución.3

    En los dos últimos casos se trataba de un proceso de abolición gradual, regido por dos leyes especiales, que permitirían la incorporación progresiva de los llamados manumisos4 a la sociedad en condición de hombres libres y económicamente útiles a la nación, dado que, en ambas leyes, se preveía el aprendizaje de un oficio por parte del manumiso antes de llegar a la edad prevista en la ley para alcanzar su libertad. En 1845, por ejemplo, el Secretario de Relaciones Interiores tenía la siguiente visión del proceso de abolición gradual de la esclavitud:

    Noticias oficiales aunque no del todo exactas demuestran que el número de esclavos existentes en la República en el año de 1834 era de 36.000. Por los últimos padrones se ve que este número ha quedado reducido a 21.628, según lo demuestra el cuadro de población que se acompaña a esta Memoria. De la comparación de una y otra suma, resultó que la esclavitud de la República se ha disminuido en el espacio de diez años, en más de 14.000 individuos, siendo de esperarse que al cabo de otro decenio esté casi extinguida la esclavitud en Venezuela” (Secretaría del Interior y Justicia, 1845:30).

    En 1839 cumplió 18 años la primera generación de manumisos cuya situación estaba regulada por la legislación colombiana. Las condiciones en las cuales vivían estos manumisos se seguía con mucho orden, tal cual lo podemos constatar en un expediente que acumula 71 folios de cuadros estadísticos, sólo en la provincia de Caracas, con información sobre esos manumisos. La estadística de manumisión se elaboraba de acuerdo con los siguientes criterios: cantones y parroquias de la provincia en los cuales vivían los manumisos, nombre del manumiso, oficio que realiza, nombre del patrón o del amo de su madre si vive, día de la declaratoria de libertad, destino del manumiso, actividad que realiza una vez libre, patrón con el cual trabaja.5 La información la recogían las Juntas de Manumisión de cada una de las provincias y era enviada una copia de la misma a la Secretaría del Interior.

    En 1851, ya en la época de las administraciones Monagas, cumplía 21 años la primera generación de manumisos adscrita a la ley venezolana; si bien ello escapa a los objetivos de este ensayo, basta decir que su destino fue distinto, ya que se les extendió el plazo para asumir su libertad a 24 años, poco antes de que esta generación cumpliera con los requisitos de la ley original.6 Cuando ya iban a cumplir los 24 años, el gobierno del general José Gregorio Monagas, de cara a una nueva elección presidencial, decretó la libertad de todos los esclavos y, por ende, la abolición del sistema de manumisión.
 

    · La reducción y “civilización” de los indígenas

    Las leyes colombianas7 en materia de indígenas permanecieron vigentes en Venezuela hasta 1836, cuando comenzó a concretarse una legislación propiamente venezolana. De esta última, merece especial consideración el Decreto sobre Reducción y Civilización de Indígenas de 1841, ya que éste marca un cambio importante en la política hacia ese sector de la sociedad. De acuerdo con esta nueva ley, el Estado venezolano asumió directamente la “reducción y civilización” de los indígenas y su asimilación a la sociedad. Ello se hizo a partir de la adaptación del antiguo concepto de “reducción” del indígena, propio de las misiones del clero regular que existieron en los territorios hoy venezolanos hasta la Guerra de la Independencia, y de una secularización de la experiencia misional.

    Desde ese momento comenzó un nuevo proceso, en el cual se conjugaron los esfuerzos de la administración pública a nivel provincial, patrona ahora de los pocos misioneros religiosos que se contrataron para tal fin, y que enfocó el asunto bajo la visión de una “piedad ilustrada”.8 El tema es demasiado complejo y extenso como para desarrollarlo en un punto de este ensayo, y lo abordamos en otro trabajo.9 Basta decir que el objetivo era asimilar a los indígenas a la sociedad venezolana en su nueva condición de ciudadanos libres, independientes y dignamente útiles a la economía; como siempre, de forma gradual y en el largo plazo. El gobierno hizo especial énfasis, aunque con diferente éxito, en el desarrollo de las misiones en la provincia de Guayana, Maracaibo y Apure. Además de la ley general, se tomaron disposiciones específicas adaptadas a la situación peculiar de los indígenas en cada una de estas provincias.

    · La instrucción pública

    Siguiendo el orden de observancia de las leyes, en los primeros años de la administración venezolana se mantuvieron vigentes las leyes colombianas de instrucción pública, en particular la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 18 de marzo de 1826. A partir de 1842 el Poder Legislativo comenzó a producir las muy necesarias leyes sobre educación, organizando los colegios nacionales y sus pensa. El 20 de junio de 1843 vio la luz pública el Código de Instrucción Pública, que comprendía 14 leyes.10 Ya desde 1838 se había creado la Dirección General de Instrucción Pública, adscrita a la Secretaría del Interior y Justicia. La instaló el presidente Soublette y su primer director fue el doctor José María Vargas, quedando conformada, además, por Pedro Pablo Díaz y Juan Manuel de Cagigal.11 A partir de ese momento quedó bajo la responsabilidad de este equipo la organización y la supervisión pedagógica y administrativa de los distintos niveles de la educación pública venezolana de la época, junto con la tarea de recabar toda la información pertinente y considerada como necesaria en la materia. La Dirección estaba obligada a presentar anualmente al Poder Legislativo una noticia circunstanciada de la situación de las escuelas primarias, los colegios nacionales y las universidades. Para ello, enviaba periódicamente a todas las provincias un cuestionario con los datos que precisaba recoger para vigilar los progresos de la educación de la población.

    Además de asumir con gran rigurosidad sus responsabilidades fundamentales, la Dirección General de Instrucción Pública cultivó contactos con gobiernos de otros países hispanoamericanos, con miras a intercambiar experiencias en la tarea de organización de la instrucción pública. Particularmente elocuente es la correspondencia mantenida en 1844 por la Dirección con don Andrés Bello, quien, en su condición de Rector de la Universidad de Chile, tomó la iniciativa de establecer contactos académicos y administrativos con la Dirección. Bello le escribió tanto al doctor Vargas como al Secretario del Interior del momento, Francisco Cobos Fuertes, manifestándole su interés en este sentido. Dice don Andrés:

    Como U.S. verá por el adjunto impreso, el 17 de Septiembre último se instaló en esta capital la Universidad de Chile. La lei de su creación manifiesta suficientemente su instituto, su forma y los objetos que se propone.

    Este cuerpo ha principiado ya sus tareas; (…) la Universidad ha mirado como un deber suyo ponerse desde luego en comunicación con las otras corporaciones de su especie, (…) ha deseado que todas ellas por medio de una franca correspondencia se hagan mutuamente partícipes de los resultados de sus trabajos (…)
Tal es el objeto con que a nombre del Consejo de esta Universidad me dirijo a U.S. el Gobierno de la República de Venezuela (…) y V.S. como especialmente encargado de la dirección de los estudios en esa República tomará sin duda una parte principal en este comercio literario (…) (A.G.N. 1844, CCCX, ff. 210-234).

    Y el doctor José María Vargas responde:

    (…) Esta Dirección abriga afectuosamente la esperanza de aprovecharse de las ventajas que esta correspondencia le ofrece, y en cuanto lo permita la distancia a que la providencia nos ha colocado.

    Bien pequeño será el contingente qe. por su parte podrá esta Dirección contribuir al depósito común, y deseosa de manifestar desde ahora su buena voluntad, ha acordado qe. se agreguen a esta comunicación los dos impresos que acompaño. El uno contiene los proyectos de leyes sobre instrucción pública, (…) y el otro las modificaciones que han recibido (…) hasta ahora (…)”. (A.G.N., 1844).

    Por su parte, el secretario Cobos Fuertes también participa del inicio de este comercio intelectual, comunicándole a Bello la emoción y el orgullo que ha experimentado el gobierno al enterarse de que un venezolano por nacimiento sea el primer Rector de la Universidad de Chile (A.G.N., 1844:235).

    En síntesis, y para finalizar el punto: manumisión de la esclavitud, reducción y “civilización” de los indígenas, pero, sobre todo, educación de la población, fueron las vías asumidas por estas administraciones ilustradas y patriotas en su objetivo de alcanzar, gradualmente y en el largo plazo, la homogeneización social.

3. La difusión de las leyes y la Constitución


  
En general, tanto el gobierno nacional como los funcionarios provinciales prestaban gran importancia a la difusión de las leyes y la Constitución. Esto no era un mero desiderátum. Recuérdese que era una época previa a la codificación nacional, por lo cual era una verdadera necesidad, para los funcionarios públicos del momento, contar con las más recientes leyes de la República, y así poder proceder correctamente en los asuntos que les concernía. Son muchísimas las órdenes de envío de las más recientes publicaciones de leyes y decretos que respondían a solicitudes de distintos funcionarios dispersos por toda la geografía nacional, así como también los acuses de recibo. Por citar tan sólo un ejemplo, en 1831, el Juez de Paz de la parroquia Caruao (cuya carretera ha comenzado a ser recientemente pavimentada por el gobierno del estado Vargas, en pleno siglo XXI), acusaba recibo de las gacetas de Venezuela, desde el número 36 hasta el 82 inclusive… (A.G.N., 1831, XVIII, ff. 365-376).


    La difusión de la Constitución fue asumida, en principio, siguiendo los patrones de la época, es decir, como parte de la educación cívica de la sociedad. Esto no sólo se hizo en los colegios públicos, sino también en la educación que se le daba a los indígenas en las misiones.


    En 1844 el editor Tomás Antero le propuso a la Dirección de Instrucción Pública, a través de la Secretaría del Interior, la adopción de su más reciente publicación, titulada Catecismo político arreglado a la Constitución de Venezuela para el uso de las escuelas primarias, como libro de texto para difundir el contenido de la Constitución en la educación que hoy llamaríamos básica. En su proposición Antero define con sencillez y claridad lo que es un catecismo político-constitucional: la Constitución “(…) razonada en preguntas y respuestas para la fácil inteligencia de los niños (…)”12 y la función que ellos cumplen en las naciones modernas, observación con la cual se despide en su correspondencia al Ministro:


    He creído hacer un servicio a la patria con la impresión y publicación de esta obrita, que tengo el honor de presentar a V.S. porque, además de carecer nuestra sociedad de un tratado igual, todas las naciones cultas tienen sus catecismos políticos, arreglados a las instituciones que las rigen, sin duda con el importante objeto de que los ciudadanos conozcan desde su infancia las reglas que los unen al pacto social y la estructura de su Gobierno (…)

    De la correspondencia de Antero se deduce que, efectivamente, publicó ese catecismo de la Constitución venezolana de 1830; sin embargo, hasta la fecha no hemos podido ubicar algún ejemplar de la obra, tan importante para esta investigación, en ningún archivo ni biblioteca del país. Lamentablemente, en la documentación consta, por nota del asistente del Secretario, que el ejemplar que adjuntó a su carta le fue devuelto.

4. La consolidación de una prensa libre y de una opinión pública ilustrada


  
La libertad de expresión y del pensamiento es una de las características distintivas de los pueblos modernos, y es inherente a un sistema político basado en la deliberación:
 

… el sistema representativo proveía al pueblo de un instrumento de culturización que le conduciría, cada vez más, a liquidar la condición atrasada de sus opiniones (…) para luego expresarse en la otra dimensión superior del derecho moderno: la libertad de expresión que, como se recordará, es la característica con la que Constant singulariza la libertad de los modernos. La libertad moderna, expresada en lo relativo a la calidad de opinión emitida por el sujeto político, le imprimiría un sentido de legitimidad al sistema representativo (…) (Noria, 1999:186).

    El complemento a la educación política de la población era la existencia de una prensa libre pero responsable. La imprenta era el instrumento por excelencia a través del cual se manifestaba la opinión pública; su presencia creciente en las sociedades era vista como indicador de la manifestación de la libertad individual. Sin embargo, el 27 de abril de 1839 vio la luz pública el Código de Imprenta, el cual comprendía cinco leyes que regulaban: la extensión de la libertad de imprenta y la calificación de sus abusos (Ley 1ª), las penas correspondientes a los abusos de la libertad de imprenta (Ley 2ª), la responsabilidad personal en el abuso de la libertad de imprenta (Ley 3ª), los modos de proceder en los juicios por abuso de la libertad de imprenta (Ley 4ª), y los recursos concedidos en los juicios por abuso de la libertad de imprenta (Ley 5ª).13 Los tópicos de las cinco leyes ilustran por sí mismos la intención de regular el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y de distinguir el uso responsable de ese derecho del abuso irresponsable que parecía tener lugar en el debate público nacional. En todo caso, con código y todo, asistimos, en la Venezuela de los años treinta y cuarenta, a una de las épocas más ricas y libres del periodismo político en la historia del país.

    El derecho a la libre expresión del pensamiento fue asumido como una vía, no sólo de concreción del ejercicio de la libertad individual, sino también, en tanto vía formativa de la sociedad, porque servía para cohesionar el fortalecimiento de los derechos individuales y ofrecía un espacio para la consideración de lo público.

5. La implantación de reglas claras y modernas que permitieran la recuperación económica


  
Todo ese desarrollo social, institucional y político debía ir de la mano de la recuperación económica de la nación. Era innegable que las consecuencias económicas de la Guerra de Independencia habían sido desastrosas, y la época grancolombiana había sido, al menos para los venezolanos opuestos a la unión, una época de estancamiento económico para Venezuela, en la medida en que las políticas económicas de los gobiernos del Libertador habían favorecido la economía neogranadina.14 En la visión de los gobernantes venezolanos, la recuperación económica sólo sería posible si se adoptaban un conjunto de leyes modernas que, por una parte, fomentaran y garantizaran las rentas públicas necesarias para sostener las nuevas instituciones y, por la otra, permitieran el desarrollo de las actividades económicas privadas. La legislación económica era muy frecuente en este período, así como también sus reformas.

    Sólo la recuperación y el crecimiento económico permitirían la asimilación de sectores sociales como los indígenas y los manumisos, aislados, relegados y explotados, los primeros, desde los tiempos de la administración española. Se aspiraba a incorporarlos en su nueva condición de ciudadanos (activos o pasivos), en el largo plazo, en una situación digna para ellos y útil para la nación. Si el progreso económico no se daba, sería inútil el esfuerzo emprendido en la manumisión y la “civilización” de los indígenas.

    A comienzos de la década de los cuarenta esta situación parecía haber dado todo lo que era capaz de ofrecer, dadas las dimensiones de la economía venezolana de aquel entonces, el tamaño de su población y las características de la geografía nacional, que hacían muy difícil la integración económica por las barreras naturales y la ausencia de caminos; al menos así lo entendía el Secretario de Hacienda del momento, licenciado Francisco Aranda:

    El rápido incremento de las rentas del Estado desde 1830 a esta parte, no puede servir de regla para calcular en la misma proporción el progreso futuro, porque las causas que influyeron en aquel pronto crecimiento, produjeron ya todo su efecto. La paz, la mejora de la legislación y de la administración de justicia, y como resultado inmediato de un sistema de orden y economía, la necesidad en todos de ocuparse para vivir, causaron la simultánea aplicación de los brazos al trabajo, distraídos antes en oficios de guerra, o viviendo a costa del Estado, o entregados al ocio y la holgura que son consecuencia de las revoluciones y disturbios. La producción de Venezuela si no ha llegado, toca al término o límite en que forzosamente le señala la población; y todo progreso futuro debe necesariamente seguir el paso de la población.

(…) el crecimiento de las rentas tampoco depende ya de las mejoras de la legislación fiscal (…)

    Para que esta situación mejore, (…) no queda qué proponer ni qué fomentar, sino lo que puede producir el aumento de la misma población y la disminución de los costos y de la fuerza empleados en los medios de transporte.
 

    Hasta hoy nuestros esfuerzos se han consagrado a mejorar las instituciones, removiendo los obstáculos que pudiesen oponerse al desarrollo de la industria, al buen éxito de los cálculos individuales, a los goces, en fin, de libertad e igualdad, sin los cuales toda adquisición es precaria, falso todo progreso. Los esfuerzos no han sido infructuosos, y Venezuela puede envanecerse de tener una legislación, si no perfecta, por lo menos adecuada a su situación e intereses, y tan liberal como la que más en el mundo. Sin embargo, todo esto no es más que formal: la parte sustancial, los elementos materiales del poder y la riqueza, ni corresponden a las ideas que se desenvuelven en la sociedad, ni satisfacen las necesidades que nacen de aquellas ideas. De poco servirá un cuerpo de doctrinas por perfectas que fuesen, (…) si su aplicación viniera a ser imposible en una tierra despoblada, (…) y que en su presente estado son barreras que se oponen al contacto de los pueblos, al aliento de la industria, y al crecimiento y variedad de sus producciones. (…) (Aranda, 1842, vol. II, 51-52).

    Es bien sabido que las propuestas del Secretario de Hacienda no se cumplieron. Como bien lo observaba Aranda, durante los primeros diez años sí se había dado, ciertamente, una recuperación económica entendida como el resultado del fin de la guerra, la instauración de una paz y la estabilidad política duraderas, del esfuerzo legislativo que se hizo en el plano de la economía y de la dedicación al trabajo del pueblo venezolano. Pero ya esa economía no estaba en condiciones de seguir creciendo, sino al compás del crecimiento de la población, unido a las condiciones que sugería el Ministro: una política agresiva de reducción de costos, de modernización de la economía, de fomento a la inmigración, de construcción de vías de comunicación, entre otras cosas. Eso no se cumplió y, por ende, la homogeneización social no fue de la mano del progreso económico.

    El logro de esos grandes objetivos suponía, como resultado, el cambio de la sociedad y su adecuación gradual en el largo plazo al modelo liberal; así, Venezuela tendría los ciudadanos que no tenía, sino en muy escaso número, en 1830.

LAS LIMITACIONES DEL LIBERALISMO VENEZOLANO EN LA VISIÓN
DE SUS PROTAGONISTAS

    Sin embargo, y como decíamos en la Introducción, ya a mediados de los años cuarenta en el siglo XIX venezolano, podemos encontrar numerosas reflexiones que apuntaban a problemas visualizados desde ese entonces como limitaciones de nuestro liberalismo. Hemos trabajado aquí con un conjunto de textos ilustrativos de esta reflexión,15 de los cuales hemos sistematizado las siguientes ideas:
 

    · Los efectos perversos del personalismo político

    El personalismo político y sus efectos negativos en el funcionamiento de las instituciones ya era percibido como una amenaza peligrosa para la estabilidad institucional. Hasta 1840 el gran poder acumulado por el general José Antonio Páez, prócer de la independencia venezolana y considerado en su época el verdadero fundador de las nuevas instituciones separadas de Colombia, había sido aceptado como una consecuencia inevitable de las circunstancias pasadas. “Bendito sea el poder de Páez”, decía en 1840 Antonio Leocadio Guzmán, líder de la oposición, “siempre que él se ejerza en bien de nuestra patria” (Guzmán, 1840:189).

    Pero en 1842 el tono con que consideraba la oposición el poder de Páez ya era distinto. En una carta pública aparecida en el periódico El Venezolano, Guzmán, anunciándole la participación de su partido, el Partido Liberal de Venezuela, en la próxima contienda electoral presidencial, le advertía lo siguiente:

(…) Sabéis que el objeto de este periódico es la independencia moral del pueblo venezolano y, sus medios, los principios perpetuos de libertad y el patriotismo e ilustración de los ciudadanos. (…) Veamos, señor lo pasado, en materia de mando;

(…) Páez mandando desde la batalla de Carabobo hasta este día. Con el sistema militar y con el civil, bajo la dictadura y por la Constitución, en la guerra como en la paz (…). Cumpliendo la ley o en armas contra la ley, con el poder de las bayonetas o bajo el imperio civil, en todos los años, en todos los días de esta República y de la otra República (…) (Guzmán, 1842:231).

    Y concluía así,

    … El Gobierno es popular, representativo, electivo, responsable y alternativo… Si alguna vez, en la vida del mundo, se ha presentado un ejemplo tan irrisorio de republicanismo, una parodia tan ridícula de los principios, la historia ha cometido un crimen al no mencionarlos (…) (Guzmán, 1842:231-32).

    En síntesis, el personalismo político, que había nacido durante la Guerra de Independencia, había sido considerado como algo inevitable y “aceptable” en los tempranos años de la República, debido a que él había sido ejercido en función y al servicio de la fundación de las nuevas instituciones venezolanas. Pero su instalación y prolongación en el tiempo era algo que los políticos de la oposición en ese momento estaban decididos a combatir.

    Lamentablemente, el personalismo político llegó para quedarse en Venezuela (con algunos momentos históricos excepcionales). Se incrustó en la vida política venezolana consustanciado con una forma de hacer y entender la política.
 

    · La tentación de acceder al poder a través de vías al margen de la Constitución

    La Constitución venezolana de 1830 fue desconocida por primera vez en 1835, cuando un grupo de militares de tendencia política bolivariana pertenecientes al Ejército permanente de la nación dio un golpe de Estado, inaugurando, con ello, una triste, reiterada y familiar historia. Con motivo de ese hecho, que socavó profunda e inesperadamente las bases del orden público recién instaurado, reflexionaba amargamente Francisco Xavier Yanes, hijo, en un texto verdaderamente excepcional, en el cual podemos leer cosas como éstas:

… ningún país del mundo ha pagado con más profusión los servicios que se le han hecho como el nuestro; pero la corrupción, la disipación, han dejado a muchos de ellos (se refiere a los golpistas bolivarianos, E.P.) en una situación de [la] que ahora no encuentran otro modo de libertarse que haciendo revoluciones a costa del propietario honrado y pacífico. Las ideas de Bolívar no son más que el pretexto: la comodidad de vivir (…) el verdadero móvil. (…) (Yanes, 1835:25).

    Y más adelante, reflexionando sobre las consecuencias que tendría ese golpe de Estado para la economía nacional, apuntaba lo siguiente:

    El descrédito internacional en que va a caer Venezuela (…) es un mal tan evidente como fatal por sus resultados. Nosotros gozábamos ya de una reputación honrosa (…) era un cuadro verdaderamente halagüeño para todos (…) Yo no abandonaré mi patria, dirá con razón un extranjero, para transportar mi capital a un país en que de un día para otro las personas y propiedades se encuentran a merced de una facción; en que los soldados pagados y mantenidos por el pueblo para que sean custodios de su seguridad, conviertan las armas que él puso en sus manos en instrumentos de opresión (…) y en que los mismos agentes del gobierno, burlando sus juramentos, (…) conspiran contra su propia existencia. Yo me guardaré bien de habitar una tierra en que a cada momento se invoca el derecho sagrado de la insurrección, y en que la impunidad de todo crimen se ha erigido en sistema (Yanes, 1835:44).

    Durante esos años existían todavía en Venezuela militares y civiles identificados con el pensamiento político del Libertador Simón Bolívar que se resistían a aceptar la disolución del Estado grancolombiano. Más adelante, esa identificación dio paso a un fenómeno algo distinto, y que llamaremos aquí el “discurso político bolivariano”. Por ello entendemos a la utilización política de la figura histórica de Bolívar en función de proyectos políticos y/o personales. El problema ya no era, como apuntaba Yanes, si se comulgaba o no con las ideas de Bolívar, sino cómo era útil políticamente Bolívar. El golpe militar de 1835 es, de alguna manera, el deslinde histórico entre ambas cosas.

    · La cultura política del venezolano

    ¿Hasta dónde es capaz de cegarse la razón, se preguntaba Cecilio Acosta en 1847, cuando declina su independencia para ceder a las pasiones a que conlleva el fanatismo político? ¿Es acaso esto congruente con una forma moderna de abordar la política? ¿Cuánto no abusan los venezolanos fanáticos que aspiran a imponer su proyecto político a costa de la destrucción de las instituciones del país? ¿Por qué lo hacen invocando siempre al “pueblo”? Lo cual lo llevaba a preguntarse, ¿Qué será lo que entienden esos venezolanos por pueblo?

…¿A qué pasiones no ha dado margen, a qué intereses no ha exaltado, cuántos planes negros e inicuos no ha promovido la mala inteligencia del vocablo pueblo? (…) ¿Era preciso robar? Se invocaba al pueblo. ¿Se levantaban cuadrillas de facciosos? Era el pueblo quien se levantaba. ¿Se proclamaba, se pedía la caída del Gobierno? Era el pueblo quien proclamaba y pedía. Y al fin, se insultaba a los buenos ciudadanos, (…) y se escarnecía en los mesones la virtud y el buen proceder, y se hacía gala de la maldad, y se prometía el reparto de la propiedad y del sudor ajeno, y se alentaba la revolución, y se alentaban los criminales y se buscaban, y se befaba a los buenos y se los perseguía; y todo en nombre el pueblo, porque el pueblo lo pedía, porque el pueblo lo proclamaba (Acosta, 1847:60).

    El pueblo es el conjunto de los ciudadanos. En Venezuela, las facciones políticas se apropian indebidamente del pueblo, del conjunto de los ciudadanos, presentando sus acciones y aspiraciones como el resultado de la voluntad de la totalidad de los ciudadanos, cuando en realidad se trata de una parcialidad. ¿Se corresponde nuestra cultura política con las máximas del pensamiento liberal? Se preguntaba Acosta, ¿cómo las entendemos, cómo las practicamos?

· Las instituciones precariamente enraizadas en la sociedad venezolana. Las dificultades para el funcionamiento de las instituciones políticas y administrativas debido a la incomunicación geográfica

y la ausencia de una cultura de la Administración Pública

    Fueron muchos, y no podemos presentarlos en este pequeño ensayo, los obstáculos que confrontaron los servidores públicos venezolanos de la temprana República en la tarea descomunal de organizar las nuevas instituciones. Algunos de ellos fueron sobrepasados exitosamente, otros lucían, francamente, infranqueables. Tal vez la situación de la Provincia de Guayana –que en aquella época incluía a todo el territorio venezolano al sur del río Orinoco–, ilustre de manera extrema la enorme distancia que mediaba entre la aspiración de dotar al país de instituciones nuevas a la altura de los tiempos, y las limitaciones que imponían las características del medio geográfico, la escasa población y la ausencia de una cultura de la Administración Pública.

    Siendo la provincia más grande, territorialmente hablando, de la República, apenas tenía una ciudad, Angostura, poblada en ese entonces por cuatro mil habitantes, aproximadamente. El resto de los cantones16 eran muy poco poblados y muy distantes de la capital de la provincia. En general, tenían escasos hombres para el desempeño de las funciones políticas y las rentas eran prácticamente nulas para el sostenimiento de las instituciones del Estado. Los habitantes de la provincia, en su gran mayoría, eran indígenas, y no entendían, en la percepción del Gobernador, lo que significaba estar subordinado a una autoridad y cumplir sus órdenes. En sus palabras, “(…) esa gente no hace caso de órdenes superiores”.

    Esto, que en su visión expresaba la ausencia de una cultura política y administrativa ligada al servicio público, hacía muy difícil encontrar los funcionarios que demandaba la nación y, cuando se los encontraba, no se los podía relevar del cargo al culminar el período previsto en la Constitución, porque no había otros.

    Si bien el correo entre la capital de la República y la ciudad de Angostura tenía una regularidad semanal, no ocurría lo mismo entre la capital de la provincia y sus cantones; aquí, ya la regularidad era bimensual, por lo cual las órdenes administrativas no tenían la fluidez esperada. Esto ocurría porque no existían vías de comunicación, los caminos habían dejado de serlo y era menester utilizar los ríos. El Gobernador lo expresaba así: “(…) No hay correo ni medio oficial de comunicación”, y le advertía al Secretario del Interior lo siguiente:

    Con todas estas dificultades y sin una embarcación siquiera del Gobierno, aunque fuera una curiara, para poner en manos de los Jefes Políticos la correspondencia oficial, el Gobernador de Guayana no puede responder de que las leyes y órdenes superiores tengan su debido cumplimiento (AGN, 1842: CCLXIII, 55-68).
 

    Todo ello nos hace suponer que, fuera de la ciudad de Angostura, el Estado venezolano difícilmente existía en la provincia de Guayana.

    Hoy en día la situación dista mucho de aquella realidad; ciertamente, las comunicaciones existen, y hay nuevos medios que permiten la transmisión de las órdenes políticas y administrativas. Desde el punto de vista demográfico, no es comparable la realidad de aquella época con la de ésta. Sin embargo, una interrogante sigue pendiente: ¿Tenemos una cultura de servicio público? ¿Cómo abordamos la Administración Pública, como un servicio o como un botín?

UN BALANCE DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS VENEZOLANAS A MEDIADOS
DE LOS AÑOS CUARENTA: LA VISIÓN CONSERVADORA Y LA VISIÓN LIBERAL

    A mediados de la década de los cuarenta ya había algunos actores políticos que se atrevían a hacer una balance de las instituciones políticas venezolanas y su funcionamiento. Trabajaremos aquí dos visiones, una proveniente de un prominente miembro del Partido Conservador, Juan Vicente González, y dos provenientes de miembros del Partido Liberal, Felipe Larrazábal y Francisco Machado.17


    En dos lúcidos textos, el primero titulado Paz, libertad y progreso, escrito en 1844, y el segundo titulado Venezuela desde 1836 hasta 1847, publicado este último año, Juan Vicente González se preguntaba si las instituciones venezolanas que existían ya finalizando la década de los años cuarenta respondían cabalmente a las creadas en 1830, si eran fuertes y si habían sido útiles a la República. También se preguntaba por qué se había dividido el liberalismo venezolano. Concluía que nos habíamos dado en 1830 el más importante tratado de paz que habíamos tenido desde el nacimiento de la República. Un pacto que consagraba las más bellas ideas del pensamiento moderno en un país pobre en riquezas y habitantes: división de poderes, independencia de los empleados, mejora progresiva de las leyes, libertad individual, libertad de industria y libertad de imprenta. Pero tenía que reconocer que nuestras instituciones eran débiles, y esa debilidad había quedado al descubierto en 1835; pero, paradójicamente, había sido el pueblo, con todas sus limitaciones, el que había salvado con sus fuerzas a las jóvenes instituciones de la República.


    En relación con la división del liberalismo venezolano, González creía que la existencia de una oposición organizada e institucionalizada en un partido político era algo saludable en una sociedad de hombres libres. La oposición, dirá, es la condición republicana del poder. El problema no estaba, pues, en el hecho de que existiera la oposición, sino en cómo era y cómo se hacía oposición en Venezuela, una oposición que no representaba principios sino pasiones, que no demandaba justicia sino venganza, que era expresión de la voluntad de un hombre, y que, por lo tanto, sería transitoria (González, 1961:282). González concluía que habíamos cometido muchos errores y grandes, pero que contábamos con unas instituciones que, aunque débiles, eran las mejores y debíamos preservarlas y fortalecerlas. ¿Cómo?

    Patriotismo y moderación es lo que exigen nuestras actuales circunstancias (…) Tengamos prudencia para no negar lo que se demanda con justicia, y discreción para no pedir más de lo que se nos puede conceder con razón (…) rodeen al gobierno los buenos, discutan sin prevención ni pasiones. (…) (p. 287).

    Un año más tarde, en 1845, Felipe Larrazábal, prominente miembro del Partido Liberal, nos ofrecía un lúcido texto titulado Ojeada histórico-política sobre Venezuela en los catorce años de su administración constitucional (Larrazábal, 1845:293-304). Ese mismo año, Francisco Machado, también liberal, publicaba un texto titulado Pensamientos políticos (Machado, 1845:313-28). Para ambos, junto con la gran mayoría de los políticos identificados con el Partido Liberal, las limitaciones del liberalismo venezolano no se hallaban en las instituciones que se había dado la República en 1830, sino en la forma de ejercer el poder por parte de los políticos que habían gobernado la nación, y a quienes ellos llamaron “conservadores”. Ellos habían sido los fundadores de la patria, los que habían conseguido su independencia y los que le habían dado sus mejores instituciones. Pero, si bien habían sido los fundadores de la República en 1830, si bien habían gobernado con el concurso de los mejores, si bien habían sido nuestra aristocracia, en la acepción antigua de la palabra, se habían convertido con el paso del tiempo en una oligarquía. ¿Por qué no le cedían el paso a las nuevas generaciones de venezolanos interesados en la cosa pública? ¿Es que, acaso, no tenían suficiente con los grandes bienes que le habían deparado a la nación, nada menos y nada más que su independencia de la monarquía española y sus instituciones republicanas?

    Catorce o más años ha, que gobierna la República un círculo de ciudadanos (…) en él se encuentran quienes tengan dos o tres destinos de lucro, honor y confianza, con agravio de la honradez y de la inteligencia de otros venezolanos. Aquéllos se alternan entre sí, se cambian los empleos; pero los retienen siempre (…) Si las naciones, como los individuos, deben ser previsivas, es forzoso convenir en que Venezuela no debe confiar por más tiempo sus destinos a los que la gobiernan desde 1830; ellos debieran conocer que nuestros temores no carecen de fundamentos, cualquiera que sea la sanidad de sus intenciones, y como buenos ciudadanos dar pruebas de desprendimiento y lealtad republicana (…) (p. 321).
 

    Había llegado la hora de practicar el principio de la alternabilidad política, es decir, la consecución del cambio político por las vías institucionales previstas en la Constitución de 1830.

CONCLUSIONES: LA RECURRENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EN LA BÚSQUEDA
DE LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA EN LA REFLEXIÓN POLÍTICA VENEZOLANA DEL SIGLO XIX

    Si hay algún rasgo inherente al pensamiento liberal es su pretensión de universalidad. Se trataba de un modelo racional, y, por ende, aplicable en cualquier sociedad. El credo liberal no se exhibía en función de las particularidades y limitaciones de las sociedades en las cuales se “importaba”. Sus máximas y premisas fundamentales debían ser aplicadas y/o traducidas en función de cada una de las especificidades sociales en las cuales se aplicaba, para que fuera un modelo político e institucional viable. Eso fue lo que intentaron hacer los gobernantes venezolanos de la temprana república: adaptar el credo liberal a las peculiaridades de la sociedad venezolana del momento, y, de manera optimista y con plena confianza en las bondades de las nuevas instituciones, apostaron al progreso. Es ese resultado político el que evalúan los protagonistas de la temprana república y también el que nos interesa estudiar. Es evidente que, desde el siglo XXI, podemos encontrarle muchas otras limitaciones y, seguramente, haríamos un elenco mucho más elaborado y amplio del que hemos revisado aquí. Dejando ese problema de lado a los fines de este ensayo, podemos extraer algunas conclusiones preliminares.

    La reflexión de estos pensadores se orientaba sobre todo hacia la consideración de las bondades de las instituciones políticas venezolanas, por una parte, y a las características de la cultura política del venezolano, por la otra, y no le atribuía responsabilidad alguna al atraso económico y social del país, aunque es evidente que ambas imponían severos límites al liberalismo. Tampoco evaluaba si las vías asumidas para alcanzar la homogeneización de la sociedad (manumisión, reducción y “civilización” de los indígenas y educación pública), habían arrojado resultados acordes con las expectativas que crearon.

    Por otra parte, las observaciones críticas que hemos analizado hacen su aparición, como vimos, a mediados de los años cuarenta. Cabría preguntarse si no era demasiado pronto para estar apuntando a las limitaciones de un modelo político-institucional cuyas bondades habían sido pensadas en el largo plazo. ¿Cómo podían esperar resultados económicos y políticos tangibles en poco más de diez años, si uno de los puntos básicos de partida había sido el cambio gradual?
 

    Pero, lo que definitivamente sorprende a cualquier persona familiarizada con la historia política venezolana reciente es la vigencia que tienen esas observaciones en la vida política de nuestros días: el personalismo político y sus efectos perversos en el orden público y las instituciones políticas y administrativas; las constantes violaciones a la Constitución nacional e, inclusive, su desconocimiento; la cultura política del venezolano, en la cual predomina el fanatismo, la exclusión del oponente y no la tolerancia y la razón; la ausencia de una ética de la responsabilidad; la debilidad crónica de nuestras instituciones; la precaria valoración de la importancia del servicio público para el buen funcionamiento del Estado. Estos rasgos desde ese momento, eran visualizados como problemas que hacían peligrar la viabilidad de nuestro país en tanto una república civilizada y moderna. Son críticas que, vistas desde hoy, parecieran haber apuntado hacia el futuro, y no hacia la poca efectividad de las políticas públicas aplicadas en aquel momento.

    Con el correr del tiempo, en el siglo XIX, esas limitaciones no sólo no se superaron, sino que se agravaron. En el largo plazo hemos tenido épocas durante las cuales pareciera que ellas fueran a desaparecer, y épocas durante las cuales reaparecen con una fuerza desesperanzadora. Son recurrentes en el tiempo, así como también han sido recurrentes la lucha por la libertad y la democracia.

Referencias bibliográficas

Documentos manuscritos

1. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (A.G.N.). Secretaría del Interior y Justicia, tomo XLIII, 1831, expediente (exp.) 46: Juez de Paz de la parroquia Caruao acusa recibo de las gacetas de Venezuela, Nos. 36 al 82 inclusive, ff. 365-376.         [ Links ]

2. ________________________________ Secretaría del Interior y Justicia, tomo CLVVII, 1838, exp. 20: Establecimiento de la Dirección General de Instrucción Pública, ff. 197-216.         [ Links ]

3. ________________________________ Secretaría del Interior y Justicia, tomo CCXIV, 1840, exp. 6: Cuadros de manumisos contratados en la provincia de Caracas, ff. 65-136.         [ Links ]

4. ________________________________ Secretaría del Interior y Justicia, tomo CCLXIII, 1842, exp. 12: Sobre la incomunicación de la Provincia de Guayana, Angostura, 13.06.1842, ff. 55-68.         [ Links ]
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (A.G.N.). Secretaría del Interior y Justicia, tomo CCLXVII, 1843, exp. 83: Decreto del Presidente de la República sobre cuestiones indígenas, ff. 344-350.

5. ________________________________ Secretaria del Interior y Justicia, tomo CCCX, 1844, exp. 43: La Universidad de Chile invita a la Dirección General de Instrucción Pública de Venezuela a tener correspondencia con ella, ff. 210-234.

Publicaciones oficiales

6. ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS. El pensamiento económico de Francisco Aranda, Caracas: Ediciones de la A.C.E., 1993, 4 vols.

7. ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. Leyes y decretos de Venezuela, Caracas, Ediciones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1830-1840. Vol. 1, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1982 (Serie República de Venezuela).

8. Exposición que dirige al Congreso de Venezuela el Secretario de Interior y Justicia. Caracas: Imprenta Boliviana por D. Salazar, 1845, 37 p.

9. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Pensamiento político venezolano del siglo XIX, 15 vols., Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1961.

Libros

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11. GIL FORTOUL, J. (1930). Historia constitucional de Venezuela. 3 vols. Caracas: Parra León Hnos. Editores.

12. LOMBARDI, J. (1974). Decadencia y abolición de la esclavitud en Venezuela, 1820-1854. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 267 p.

13. NORIA, O. (1999). La teoría de la representación política del abate Sieyès. Caracas: Ediciones de la UCAB y la USB, 267 p.
 

14. PINO ITURRIETA, E. (2001). País archipiélago, 1830-1858. Caracas: Ediciones de la Fundación Bigott, 436 p.

15. PLAZA, E. (2004). “El patriotismo ilustrado: el debate en la prensa sobre la separación de la “Antigua Venezuela” de la República de Colombia”, en P. Alonso, Paula, comp. Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 65-79.

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17. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. CONSEJO DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y HUMANÍSTICO (1961). Cuerpo de leyes de la República de Colombia, 1821-1827. Caracas: Ediciones del CDCH, 605 p.

18. URBANEJA, D.B. (1988). La idea política de Venezuela. Caracas: Ediciones de Cuadernos Lagoven (Serie Cuatro Repúblicas).

Hemerografía


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31. TORO, F. (1961). “Europa y América”, en El Correo de Caracas, n° 19, Caracas, 14-05-1839). También: Presidencia de la República, Pensamiento político venezolano del siglo XIX, vol. 1, Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, pp. 64-72.

Revistas

32. PLAZA, E. (2.002). “El “patriotismo ilustrado”, o la organización de los poderes públicos en Venezuela, 1830-1847”, en Politeia, n° 29, pp. 63-82. Caracas: Instituto de Estudios Políticos, UCV.

 

Folletos

33. YANES, F.J., h. (1835). “Epístolas catilinarias”. Caracas: Imprenta de A. Damirón.


Notas:
1 El término lo tomamos de la obra del mismo nombre del profesor Diego Urbaneja. Cfr. Urbaneja (1988).
2 Entre las leyes orgánicas promulgadas por el Congreso Constituyente merecen especial consideración la Ley sobre el Régimen y Organización de las Provincias, la Ley sobre la Organización Militar del Estado, la Ley sobre Elecciones, la Ley sobre Organización y Gobierno de las Oficinas de Hacienda, etc. Como decimos arriba, a partir de 1831 esta labor continuó a cargo del Poder Legislativo, el cual las reformaba con relativa frecuencia, en función de los insumos que recogía de la propia experiencia política y administrativa, como es el caso de las continuas reformas a las leyes electorales, por citar un ejemplo. Respecto a las prioridades políticas y administrativas, véase Pérez Perdomo (1982:313-374). También, mi trabajo en Plaza (2002:63-82). Cfr. Academia de Ciencias Políticas y Sociales (1982), vol. 1.
3 Cfr. Ley de 2 de Octubre de 1830, reformando la de manumisión de 1821, en Academia de Ciencias Políticas, 1982, vol. I, n° 36, pp. 57-60.
4 El “manumiso” es el hijo de esclava nacido después de que se hicieron las primeras leyes colombianas de manumisión. El manumiso es jurídicamente libre, pero debe permanecer junto a su madre, y, por tanto, bajo la protección del dueño de su madre hasta la edad que estipulaba la ley.
5 Cfr. A.G.N., Secretaría del Interior y Justicia, CCXIV, 1840, exp. 6, ff. 65-136.
6 Sobre la abolición de la esclavitud en la época de los gobiernos de la familia Monagas, véase Lombardi (1974).
7 Al respecto, véase Universidad Central de Venezuela, CDCH, 1961.
8 Sobre la legislación en materia de indígenas, véase Decreto de 2 de abril de 1836 ordenando el repartimiento de los resguardos de indígenas; en UCV-CDCH, 1961, vol. 1, n° 209, p. 255. Ley de 1° de mayo de 1841 sobre reducción y civilización de indígenas, en vol. 2, n° 436, 29-30. Decreto de 22 de octubre de 1842 sobre los indios de la Guajira, en vol. 2, n° 436b, 37-42. Decreto de 15 de octubre de 1842 sobre las misiones de Guayana, en vol. 2, n° 436a, 30-36. Decreto del Presidente de la República sobre cuestiones indígenas; en A.G.N., Secretaría del Interior y Justicia, CCLXVII, 1843, exp. 83, ff. 344-350 (Este último decreto se refiere a la provincia de Apure, E.P.).
9 Este tema lo desarrollo en mi trabajo inédito, titulado El patriotismo ilustrado o la organización de los poderes públicos en Venezuela, 1830-1847.
10 Cfr. Ley de 12 de mayo de 1842, organizando los colegios nacionales; en vol. 2, n° 487, 133-137. Ley de 12 de mayo de 1842 que reglamenta la parte escolar de los colegios; en Ibidem, vol. 2, n° 488, 137. Código de Instrucción Pública que comprende 14 leyes sancionadas el 20 de junio de 1843; en Ibidem, vol. 2, nos 509-520.
11 A.G.N. Secretaría del Interior y Justicia, CLXXII, 1838, exp. 20, ff. 197-216.
12 A.G.N. Secretaría del Interior y Justicia, CCCVII, 1844, exp. 33, pp. 250-53.
13 Cfr. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1982, 1, 513-517.
14 Al respecto, véase mi ensayo sobre el tema citado en la bibliografía (Plaza, 2004:65-79).
15 Véase la hemerografía citada en las fuentes.
16 El territorio de la República de Venezuela se dividió para su administración, según la Constitución de 1830, en provincias, cantones y parroquias.
17 Véase hemerografía anexa.