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Capítulo Criminológico

versión impresa ISSN 0798-9598

Cap. Criminol. v.35 n.1 Maracaibo mar. 2007

 

La participación ciudadana en el Código Orgánico Procesal Penal1

Jorge Morales Manzur*, María Alejandra Fernández**, Jesús E. Párraga M.***, Luz Marina Rebellón****, Hellen Ramírez*****

* Abogado, Doctor en Derecho, Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Profesor e Investigador. PPI Nivel II, Secretario Científico del Instituto de Criminología “Dra. Lolita Aniyar de Castro” Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

** Politóloga y Abogada. Maestrante de Ciencias Penales y Criminológicas. PPI Nivel I. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

*** Psicólogo, Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Especialista en metodología de la Investigación. Director del Instituto de Criminología de LUZ, PPI Nivel II. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

**** Politóloga y Abogada. Asistente de Investigación del Instituto de Criminología de LUZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

***** Lic. en Trabajo Social. Especialista en Psicoterapia Familiar Sistémica, Maestrante en Ciencias Penales y Criminológicas de LUZ. Instituto de Criminología de LUZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

RESUMEN

Con la implantación del denominado sistema acusatorio como es sabido se traen al proceso penal una serie de cambios de suma trascendencia. Uno de esos cambios se observa en la incorporación del ciudadano común en el proceso de administración de justicia a través de la denominada participación ciudadana. El objeto del presente papel de trabajo es abordar el tema de la participación ciudadana como mecanismo planteado a la hora de impartir justicia penal en Venezuela. Para ello se analizara la plataforma constitucional que consagra la relevancia de la participación ciudadana dentro del Estado de Derecho, al igual que el basamento jurídico que al respecto establece el Código Orgánico Procesal Penal con la finalidad de reflexionar a cerca del rol que le toca desempeñar al ciudadano venezolano en el proceso de administración de justicia con la implementación del sistema acusatorio.

Palabras clave: Proceso Acusatorio, Participación Ciudadana, Escabinos, Sociedad Civil. Administración de Justicia Penal, Actitudes.

Citizen participation in the Organic Penal Process Code

ABSTRACT

With the implementation of the so-called accusatory system as is well understood, a series of highly transcendental changes will be incorporated in penal processing. One of these changes is the incorporation of the common citizen in the administrative process of justice through what is called citizen participation. The objective of this paper is to is to approach theme of citizen participation as a mechanism in the process of penal justice in Venezuela. In order to do this the constitutional platform that consecrates the relevance of citizen participation in legal issues, as well as the judicial basis that is established through the Penal Process Organic Code are both analyzed for the purpose of reflecting on the role of the Venezuelan citizen in the process of administering justice with the implementation of the accusatory system.

Key words: Accusatory process, citizen participation, tribunes, civic society, the administration of penal justice, attitudes.

Recibido: 23-11-2005 • Aceptado: 15-02-2007

1. GENERALIDADES

Cuando se invoca término participación ciudadana se hace referencia a la participación de la sociedad desde diferentes escenarios y con propósitos muy disímiles pero siempre teniendo como norte la inclusión de nuevas opiniones y perspectivas que contribuyan en la solución de problemas concretos o que permitan la confluencia de voluntades dispersas en una acción compartida.

Al hablar de la participación ciudadana, se da por sentado que la misma es indispensable para la construcción de la democracia puesto que la misma contribuye a favorecer el control de los gobernantes, ayuda a negociar mejor las preferencias de los ciudadanos, a mitigar los conflictos, a favorecer los acuerdos, y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas.

En la actualidad, el Sistema Penal Venezolano se sustenta tal y como lo consagra el vigente Código Orgánico Procesal Penal, instrumento legal de carácter adjetivo en el denominado Sistema Acusatorio.

Es con la puesta en práctica de este instrumento jurídico, que Venezuela comienza a profundizar las bases para una justicia equitativa, publica y cónsona con los preceptos constitucionales y supra constitucionales vigentes que conllevan a la humanización y democratización de la justicia penal en la tierra de Simón Bolívar debido a que como es sabido, la humanidad a lo largo de los siglos ha tratado de encontrar la mejor forma para enjuiciar a quienes cometen los delitos. En tal proceso histórico se ha determinado que, aún con sus imperfecciones, el sistema acusatorio, oral y público es el más adecuado.

Por ello y tal y como lo afirma Rutman (1999), lo que se busca con la implementación del sistema acusatorio en la administración de justicia penal en Venezuela es que el juzgamiento de un ciudadano se realice de forma digna, que la victima de un delito tenga derecho a ser respetada y a ser escuchada, que exista imparcialidad en el debate y que el mismo este signado por la claridad y la transparencia, aunado al hecho de que la ciudadanía pueda presenciar un juicio oral y publico y también pueda participar en las decisiones sobre la culpabilidad o no del imputado, lo cual acaba con los poderes supremos que tenía el juez en el sistema inquisitivo, consagrado en el derogado Código de enjuiciamiento criminal donde se cercenaban los derechos inherentes de todo ser humano.

En otro orden de ideas, es menester acotar que la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela también consagra dentro de su articulado una serie de disposiciones tendientes a regular la participación ciudadana en el estado de derecho y por ende en la administración de justicia penal en Venezuela, lo cual resulta prioritario para un Estado definido como un Estado Social de Derecho y de Justicia.

En consecuencia, ser escabino o jurado es una obligación solidaria de tipo constitucional que puede desarrollar el legislador, tal como puede hacerlo en cualquier materia que coadyuve al bienestar social. Ningún bienestar más importante para la sociedad, además de la salud y educación, que la paz social, producto de una administración de justicia sana, pública, oral y participativa. Por otro lado, para que la población cumpla la ley es necesario que la conozca, una manera de conocerla es aplicarla, no delegarla en supuestos expertos que hablan en un lenguaje formal, críptico o cifrado. Es por esto, que el principio de la participación popular es absolutamente consistente con la idea de obediencia a la Ley.

Finalmente, para que se fortalezca el estado de derecho en Venezuela, es necesario que la sociedad participe en la defensa de su Constitución, leyes, principios y valores, que controle a sus jueces letrados, quienes deben ser sabios aplicadores del Derecho y la justicia, a fin de que se haga viva su letra y sea posible su cumplimiento. Los jurados y escabinos darán eficacia a la Constitución, fuente legítima de su creación.

Por todo lo antes expuesto, la presente investigación tiene como objetivo fundamental conocer la plataforma constitucional y por ende la plataforma jurídico penal que sustentan el rol que le toca desempeñar a la sociedad civil en el Proceso de Administración de Justicia Penal en Venezuela.

2. LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA DE 1999 Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como es sabido, la Constitución Venezolana vigente data de 1999 y la misma se sustenta en los postulados garantistas que actualmente imperan en el Mundo y que les atribuyen a los ciudadanos una serie de derechos enrumbados a garantizar el pleno goce de los mismos.

Es plenamente conocido que Venezuela a tenor de lo dispuesto en el Artículo 2 de su Carta Magna vigente “se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”. Aunado a ello y siguiendo a Rosell (2002) quien al referirse a este artículo de la constitución y concretamente a la democracia expresa lo siguiente:

“…La denominación de democracia ha servido para justificar desde sistemas signados por un sentido profundo de libertad, como otros caracterizados por el autoritarismo. Por otra parte, aun ignorando la ideología que impera en el mando, sirve también para definir regímenes individualistas propios del liberalismo conservador, como también sistemas sociales en los cuales el liberalismo ha seguido la senda progresista.

A pesar de lo anterior, o mejor dicho, a fin de evitar equívocos acerca del régimen democrático que ha de imperar en Venezuela, claramente el Articulo 2 ordena erigirse en un sistema socialista, y en segundo lugar que su meta no solo sea la realización de la ley sino que llegue mas allá de ella, y logre la consecución de la justicia…” (Rosell, 2002:11).

En un sentido lato, la participación comprende el poder que se reconoce a los ciudadanos para tener cierta ingerencia en el desarrollo de la gestión pública. Pero en este caso, no se pretende estudiar a la participación en general, sino a un tipo de participación específica que no es otro que la Participación Ciudadana en la Administración de Justicia Penal a tenor de lo dispuesto en el vigente Código Orgánico Procesal Penal el Estado venezolano.

A juicio del maestro Jorge Rosell (2002), el Artículo 2 de la Constitución Nacional de 1999 le ordena al Estado democrático no conformarse con quedarse en lo meramente formal sino que debe aunar esfuerzo con la finalidad de alcanzar la esencia, la sustancia de la democracia., es decir, los derechos sustantivos de supervivencia (sociales, económicos y culturales) para lo cual el Derecho representa una instancia complementaria pero distinta a la de la justicia, lo que podría conllevar a que a que sea factible buscar y alcanzar la justicia en instancia deferentes a las normas sustantivas, heterogéneas a la de la legalidad formal.

Ahora bien, resulta pertinente recordar que el instrumento penal adjetivo venezolano vigente fue sancionado con anterioridad al texto constitucional, sin embargo el mismo esta en perfecta sintonía con el tinte garantista y de respeto y profundización de los Derecho Humanos.

Por otra parte, hay que recordar la prevalencia que le otorga la Constitución Nacional a los pactos y convenios suscritos y ratificados por el estado Venezolano. En tal sentido, la Constitución de Venezuela sancionada en 1999 declara en su Artículo 23 lo siguiente:

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directos por los tribunales y demás órganos del Poder Público.”

La introducción de esta normativa demuestra la jerarquía constitucional que se le otorga a los tratados, pactos y convenciones sobre Derechos Humanos ratificados por la República; segundo, la aplicación prioritaria de los mismos en relación con la propia Constitución y las leyes, si establecen normas más favorables respecto del goce y ejercicio de los derechos; y tercero, la aplicación inmediata y directa de los instrumentos internacionales por parte de los jueces y demás órganos que ejercen el Poder Público.

Ahora bien, la participación ciudadana en el proceso penal tiene su fundamento en el Artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que establece el Principio en los términos siguientes:

“La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley…”.

Entonces, el Artículo 253 de la Constitución con fundamento en el principio de soberanía, es la norma que especialmente viene a consagrar esta participación que se expone, al señalar en primer lugar, que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se impartirá en nombre de la República, por autoridad de la Ley. Así, se incluye al mismo tiempo dentro de los sujetos que integran el Sistema de Justicia, a los ciudadanos que participan en la Administración de justicia conforme a la Ley. En este caso, el Código Orgánico Procesal Penal.

Sin embargo, la Constitución Nacional vigente dentro de sus principios fundamentales también hace referencia a la participación ciudadana en general en su Artículo 5 cuando a la letra señala lo siguiente:

Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

Sumado a lo anterior, el Artículo 62 de la Constitución Venezolana actual a la letra reza:

Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Es evidente que en esta normativa el legislador patrio esta refiriéndose a la participación como derecho político de todo ciudadano y a la obligación del estado de garantizar dicho derecho.

Igualmente, otro ejemplo de la existencia de la participación de la Carta Magna venezolana vigente lo constituye lo consagrado en el Artículo 258 de dicho instrumento jurídico que establece lo siguiente:

Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.

La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.

En opinión de Alvarado (2004) el Artículo 258 de la constitución Nacional recoge lo atinente a la participación como mecanismo alternativo para la solución de conflictos una alternativa actual y de resultados favorables a la hora de dirimir controversias entre las partes.

De todo lo antes descrito, se evidencia que al hablar de participación ciudadana en la Constitución Nacional esta no se limita únicamente al proceso de administración de justicia penal sino que el constituyentista e 1999 le otorgó la facultad al ciudadano venezolano para que participe en las diversas áreas del acontecer nacional, es decir, en todas aquellas áreas que contribuyan en la formación de una patria libre y soberana.

3. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

El principio de Participación Ciudadana constituye una novedad para el Proceso Penal Venezolano, y lo recoge nuestro legislador en el artículo 3 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando dispuso la siguiente norma imperativa:

“Los ciudadanos participarán en la administración de la justicia penal conforme a lo previsto en este Código”.

Asimismo, esta disposición se armoniza con el precepto del Artículo 149 del mismo Código, que recoge la participación ciudadana como un Derecho y como un Deber, y al efecto establece:

“Todo ciudadano tiene el derecho de participar como escabino en el ejercicio de la administración de la justicia penal. El ciudadano participará como escabino en la constitución del tribunal mixto, y no deberá ser abogado.

Aquellos que conforme a lo previsto en este Código, sean seleccionados como escabinos tienen el deber de concurrir y ejercer la función para la cual han sido convocados.

El Estado está en la obligación de proteger y garantizar la integridad física del ciudadano que actúa como escabino. El tribunal adoptará las medidas necesarias a tales fines”.

Ahora bien, “se le denominan escabinos a quienes la legislación procesal penal venezolana les ha permitido participar protagónicamente en los juicios penales a través del ejercicio de un derecho que al mismo tiempo es un deber de carácter publico y personal, son los llamados jueces del pueblo y a ellos corresponde debatir sobre la responsabilidad o no, de las personas acusadas de cometer hechos tipificados como delito en la ley penal, basándose su análisis para la toma de decisiones en el sentido común, en la lógica, en el conocimiento adquirido producto de la vida diaria” (Han et Art., 2006:255).

En otras palabras, los jueces escabinos son ciudadanos del pueblo, comunes y corrientes que cumplen con una serie de requisitos que exige el ordenamiento jurídico para participar en el enjuiciamiento de una persona que esta siendo juzgada por la presunta comisión de un hecho punible y este ciudadano común que no posee conocimientos jurídicos sino que simplemente guiándose por la lógica y por el normal desenvolvimiento de los acontecimientos va a emitir su opinión sobre la culpabilidad o inocencia de ese sujeto que esta siendo juzgado por la justicia penal venezolana.

En este orden de ideas, Cavallero y Hendler (1998), opinan que dentro de los cambios radicales del procedimiento penal, han sido francamente partidarios de dicha participación, por considerar que además de una práctica cuyos beneficios están más que probados en numerosos países puede constituirse en un medio eficiente para promover la reconciliación de la sociedad venezolana con el sistema judicial, especialmente con la justicia penal responsable de garantizar el respeto de la dignidad, como personas humanas, y la libertad de la ciudadanía, atropellada cada vez con mayor frecuencia hasta los extremos de horror registrados en los centros nacionales de reclusión, donde la muerte física o moral casi son pan de cada día.

En otro orden de ideas, el destacado jurista Fernando Fernández (1999) establece que entre las principales ventajas de la Participación Ciudadana en el Proceso Penal Venezolano, se pueden mencionar entre otras, las siguientes:

-  Es una de las fórmulas del continente europeo de constituir los tribunales de manera más barata y eficiente que los jurados.

-  Afirma el propósito democrático de la justicia.

-  Los Jueces de Conciencia (escabinos) deciden conjuntamente con el Juez Profesional los aspectos fácticos y jurídicos.

-  La responsabilidad de juzgar se divide entre varios, haciendo más objetivo el proceso.

-  Se mejora la calidad jurídica a través de la inclusión del sentido común y de los arriba llamados “jueces de conciencia”.

-  Aunado a lo anterior, en el tema de participación ciudadana, el autor Fernández (1999) establece las siguientes desventajas:

-  Temor a participar en el proceso penal.

-  Temor a represalias.

-  Falta de conciencia del patrono en cuanto a la cancelación del porcentaje del salario correspondiente.

-  Represalias por parte del patrono por la inasistencia al lugar de trabajo.

4. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO DERECHO-DEBER

Ante todo es importante tener presente que la administración de justicia tal y como lo señalan Han, Morales y Párraga (2006) si bien es cierto que forma parte o es miembro integrante del estado, no es menos cierto que la misma a su vez se levanta como un límite entre la sociedad civil y el Estado.

“…Por todos es sabido, que la Justicia Penal venezolana, hoy en día se encuentra totalmente aislada o separada de la realidad social que nos agobia y que exige una mayor transparencia en los procesos penales y una justicia más justa; en donde tenga participación activa el pueblo…” (Richani, 1998.25).

De lo anterior se evidencia, que una de las exigencias de la democracia como sistema social viene a estar representado por el nivel de participación de la ciudadanía en el proceso de administración de justicia debido a que la existencia de dicha participación asegura decisiones sustentadas en los principios de probidad, imparcialidad, transparencia que es lo que en si busca la sociedad cuando solicita al Estado que administre justicia.

Es importante acotar que la participación de la ciudadanía en el proceso de administración de justicia se da en dos sentidos, a saber:

La primera de estas formas, es como escabinos en los tribunales mixtos, en donde el ciudadano común va a tener las mismas funciones que el juez profesional y en donde ambos deberán tomar las decisiones conjuntamente sobre la culpabilidad o inocencia del indiciado.

De esta forma, con la institución de la participación ciudadana en el Código Orgánico Procesal Penal se consolida “la democracia política a través de este derecho deber que hace posible democratizar la justicia, mediante la incorporación del ciudadano en el ejercicio del poder penal del Estado” (Gutiérrez, 2003:58).

La segunda forma en que el ciudadano común puede participar en el proceso de administración de justicia penal es como espectador, como publico en las salas de audiencia de los juicios orales y públicos lo cual constituye de alguna manera y en opinión de Gutiérrez (2003) la legitimación del poder judicial al elegirse el espectador en critico del sistema judicial penal, lo cual evidentemente constituye una forma de control difuso (de carácter popular) sobre la actuación de los jueces.

Con la participación ciudadana en el proceso penal se ponen en práctica un mecanismo de control social en lo que a la gestión publica de los jueces, fiscales y a los diferentes operadores del proceso penal se refiere y que contribuye a crear en la población un nivel importante de confianza sobre el sistema judicial y en las decisiones que de este emanan (Han et Art., 2006: 253).

Según el autor Richani (1998), la participación ciudadana “es un derecho que tiene todo ciudadano de ser juzgado por sus semejantes y como un deber de participar en la administración de justicia…”.

Asimismo, Maldonado (2001) opina al respecto que el principio de participación ciudadana significa el Derecho y Deber cívico que tiene todo ciudadano de participar en la función de juzgar, cuando haya sido seleccionado y llevado para integrar el respectivo tribunal. Por tratarse de un deber, el convocado, si no se hace presente ante el llamado, o si presentaré una excusa falsa, será objeto de sanción pecuniaria, según lo previsto en el artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo que consignare excusa o impedimento para no realizar su función, en cuyos casos quedará exento de penas, según las previsiones establecidas en los artículos 86, 152, 153 y 154 ejusdem.

REFLEXIONES FINALES

La estructura jurídico legal que fundamenta la Participación Ciudadana como derecho-deber esta representado, en Venezuela por el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 149, es una institución que constituye un derecho constitucional y deber cívico para todo ciudadano en la administración de justicia con miras a democratizar las instituciones administrativas y judiciales, esto constituye a la formación de la responsabilidad colectiva o ciencia cívica y profundiza la democracia política venezolana.

Sin embargo, existe aun cierto grado de desinformación en los ciudadanos sobre este derecho-deber. En muchos casos, los ciudadanos desconocen que pueden participar en la administración de justicia penal.

Para lograr que los ciudadanos estén informados eficazmente sobre la Participación Ciudadana como derecho-deber es necesario que exista una divulgación por parte del Estado, Organismos Judiciales, Instituciones Educativas, Asociaciones de Vecinos, entre otros. Además de las características y tipo de participación, con el fin, de garantizar la democratización de la justicia.

Por otra parte, la doctrina esta conteste en cuanto a las características y tipo de Participación Ciudadana contempladas el en Código Orgánico Procesal Penal, puesto que permite celeridad, imparcialidad, objetividad y probidad en el proceso penal, afirmando el propósito democrático de la justicia y mejorando la calidad jurídica.

Finalmente, la reforma del Código Orgánico Procesal Penal no eliminó definitivamente la figura de los jurados como se ha asegurado. El legislador venezolano tuvo que escoger uno entre los dos sistemas que existen en el mundo. Creemos que la elección del jurado Escabinado o Tribunal Mixto es la correcta, la menos costosa, la mejor adecuada a los tiempos y es más eficiente. Se espera que el Estado se coloque a la altura de los ciudadanos Jurados Escabinos, quienes han probado que son valientes, serios y responsables.

Sin embargo, no se debe olvidar que la sed de justicia de los seres humanos solo la aplaca la participación popular, cuando actúa severa y oportunamente, y cuando protege a los inocentes. De hecho, los linchamientos, venganzas y otras formas de auto justicia están determinadas, en gran medida, por la usurpación de la soberanía popular mediante la institución del Juez unipersonal o simplemente por la ineficacia en la administración de justicia.

Tardará un tiempo más acostumbrarse ver a los ciudadanos dictando sentencia, asumiendo su rol de protagonista de la justicia y el derecho, pero será la efectiva preparación de la participación ciudadana que conlleve el éxito de la verdadera justicia venezolana.

Nota

1 El presente artículo forma parte de la Línea de Investigación Control Social y se traduce en un avance del Proyecto de Investigación VAC-CONDES-CH-0096-2006 denominado: “Los operadores de la Justicia Penal en Venezuela. Actitudes y respuestas ante la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal. Fase III.

LISTA DE REFERENCIAS

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INSTRUMENTOS LEGALES

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WEBGRAFRIA

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