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Capítulo Criminológico

versión impresa ISSN 0798-9598

Cap. Criminol. v.35 n.3 Maracaibo sep. 2007

 

Programa de reinserción social como mecanismo rehabilitador de la pena. Un estudio de la región occidental Zuliana*.

Luisa Leal** y Adela García***

** Dra. en Ciencias Humanas. Mgs. en Ciencias Penales y Criminológicas. Sociólogo. Investigadora del Instituto de Criminología Dra. Lolita Aniyar de Castro. Profesora Titular de la Universidad del Zulia. Venezuela. E-mail: lealluisa@msn.com.

*** Abogada, Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Profesora Asistente de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Venezuela. E-mail: Adelagarcíapirela@cantv.net.

RESUMEN

El presente artículo expone los resultados de la investigación sobre el Programa de reinserción Social en la región Centro Occidental, analizados bajo la perspectiva del Modelo Humanista de Política Criminal. Los datos recogen el estudio de la medida de Suspensión de la Ejecución de la Pena y el Destacamento de Trabajo, como alternativa a la pena privativa de libertad y fórmula de cumplimiento de pena, respectivamente, previstas en el ordenamiento jurídico venezolano. En un sentido estadístico dicotómico sobre el cumplimiento/incumplimiento de las medidas. Desde el punto de vista cualitativo se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia que coordinan y dirigen el Programa de Reinserción Social a los fines de describir y detectar las limitaciones, obstáculos y alcances en la determinación de las condiciones de las condiciones de desarrollo humano que se ofrecen a los beneficiarios dentro del Programa. La población estuvo representada por los expedientes de casos concluidos de ambas medidas, en el período 1998 – 2004. Los resultados evidencian una tendencia mayor al cumplimiento, lo que, por otra parte, tomando en cuenta los procesos de reforma legal que redujeron la posibilidad de solicitud de estas medidas a la población penada, realizados en 2001 y 2005, evidencian una ruptura entre la realidad del funcionamiento del sistema de ejecución penal y las decisiones legislativas sobre la materia.

Palabras clave: Medidas alternativas a la prisión, destacamento de trabajo, suspensión de la ejecución de la pena, política criminal, Venezuela.

Social reinsertion program as a rehabilitative mechanism of punishment. A study of the central western region of Zulia.

 ABSTRACT

This article explains the results of research on the social reinsertion program in the central western region, analyzed from the perspective of a humanistic criminal policy model. The data gathered studies the measure for suspending prison sentence execution and the work detail, as an alternative to liberty-depriving imprisonment and a formula for serving the sentence, respectively, foreseen in the Venezuelan Legal Code, in a dichotomous statistical manner, regarding compliance/non-compliance with these measures.  From the qualitative viewpoint, semi-structured interviews were carried out with functionaries from the Ministries of the Interior and of Justice who coordinate and direct the Social Reinsertion Program, in order to describe and detect the limitations, obstacles and scope in determining the conditions for human development offered to the program’s beneficiaries. The population was represented by closed case files for both measures, during the period 1998 – 2004. Results show a greater tendency toward compliance, which, on the other hand and taking into account the legal reform processes of 2001 and 2005 that reduced the possibility of requesting these measures for the sentenced population, revealed a rupture between the reality of the functioning of the penal execution system and legislative decisions regarding it.

Key words: Alternative measures to prison terms, work detail, suspension of prison sentence execution, criminal policy, Venezuela.

Recibido: 13-02-2007  Aceptado: 26-06-2007

INTRODUCCIÓN

El proceso de modernización y reforma del control social formal que en Venezuela se ha venido implementando en los últimos años ha representado significativos cambios a nivel sustantivo en materia penitenciaria.

En efecto, la Constitución Nacional (1999) establece en el artículo 272 la preferencia a la aplicación de medidas no reclusorias con respecto a la privación de libertad y el fin resocializador de la pena; el Código Orgánico Procesal Penal en el capítulo III del Libro V recoge los requisitos para la solicitud y procedencia de las fórmulas de cumplimiento de pena y, en cuanto a la ley especial, ésta fue reformada en el 2000 adaptando sus previsiones en concordancia a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.

Toda esta reforma legislativa y fundamentalmente la implementación del Código Orgánico Procesal Penal en su primera etapa de aplicación (1999) permitió la celeridad procesal y el consecuente descongestionamiento de las cárceles venezolanas al realizarse el otorgamiento de un importante números de beneficios, lo que se tradujo en la implementación de una verdadera política judicial de sustitución de la pena privativa de libertad.

Sin embargo, la agudización de la percepción sobre el incremento de la criminalidad, dio lugar a un sostenido cuestionamiento de dicha política, por parte de instancias oficiales y de un sector de la sociedad civil. Crítica que le atribuyó a la reforma procesal el aparente repunte de la inseguridad personal, sin hacer una evaluación objetiva y científica de la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal y de sus efectos en materia de ejecución penal. Como resultado, en un período de menos de tres años, se llevaron a cabo dos reformas del instrumento legislativo, aumentando, en la primera de ellas, la posibilidad de dictar auto de detención preventiva a los imputados y en la segunda, de mayor trascendencia, incidiendo fuertemente sobre las instituciones garantistas en lo que se refieren al otorgamiento de medidas sustitutivas a la cárcel y a las fórmulas de cumplimiento de pena, lo que acentuó la tendencia al encarcelamiento y relegándose la función rehabilitadora.

Esta aparente fuerza del Estado frente a la criminalidad pareciera tener mayores efectos negativos que positivos dado que, en la actualidad, el país se enfrenta a un nuevo proceso de sobrepoblación carcelaria, profundizando los niveles de violencia al interior de los centros penitenciarios.

Los condicionantes de esta violencia carcelaria, tales como el retardo injustificado en el otorgamiento de medidas de semilibertad, la violación constante de los Derechos Humanos de los reclusos, la preeminencia de la privación de libertad como castigo, en lugar de favorecer una política penitenciaria de tratamiento no institucional del penado y consecuentemente, el ocio y el hacinamiento carcelario, así como la fuerte carga emotiva que se deriva de las condiciones materiales infrahumanas, se traducen en sentimientos de injusticia, rebeldía y aumento de las cifras de homicidios entre reclusos.

Todo lo anteriormente expuesto justifica el fin de esta investigación que pretende analizar el funcionamiento del Programa de Reinserción Social en la Región Centro Occidental Zuliana como mecanismo de resocialización, determinando, mediante la progresividad de los beneficiarios, el alcance jurídico social de este programa, en términos de la culminación positiva o negativa de las medidas no institucionales (suspensión de la ejecución de la pena y destacamento de trabajo).

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA FUNCIÓN RESOCIALIZADORA

Las ideas de resocialización, rehabilitación o reinserción social han sido sometidas a una intensa crítica que va desde su sustentación axiológica hasta la congruencia de este paradigma con los postulados políticos del derecho penal demoliberal (Leal y García, 2002).

En la construcción doctrinaria sobre las funciones o fines del Derecho Penal, algunas tendencias teóricas ubican la función preventivo especial como un momento de la política criminal del Estado: realizando una abstracción de la norma penal y enfrentándola a dos situaciones particulares, esto es, por una parte el precepto en si mismo, y por la otra, la ejecución de la pena. En el precepto (que incluye la previsión de la conducta y su consecuencia) se sitúa la protección de bienes jurídicos con la amenaza de la pena, en donde encuentra cabida la legitimación de la finalidad de prevención general. En la ejecución de la pena se sitúa el respeto a la dignidad del condenado, en donde puede legitimarse el concepto de resocialización mediante los fines de prevención especial.

Es evidente que dicha abstracción supone un método útil para justificar la expansión de modelos eminentemente represivos y, en consecuencia, irrespetuosos de la autonomía ética del condenado mediante la idea de resocialización. No obstante, si bien las posiciones dogmáticas tradicionales pueden tomar ventaja de la legitimación del castigo penal para afianzar la necesidad del encierro a través de la doble función del derecho penal, en otros ámbitos teóricos esto se interpreta desde una perspectiva limitadora del poder punitivo en la esfera de los particulares.

Así, la premisa que asigna la protección de bienes jurídicos al momento prescriptivo de la ley, posibilita la sustracción, del ámbito de actuación del derecho penal, de alguna función pedagógica adjudicada al Estado; al tiempo que la extracción de fines generales del momento de la ejecución penal, permite conservar un cierto respeto de la dignidad individual o autonomía ética de cada individuo sometido a una sanción penal. Se trata, por tanto, de establecer un asidero ético – jurídico para la implementación de mecanismos que logren superar el fundamento de la retribución o la neutralización del desviado, sobre la que inevitablemente se incurrirá si se desecha totalmente el concepto de resocialización.

En este contexto teórico, la función resocializadora de la pena se reduce a la necesidad de mantener un núcleo humanístico y en ocasiones humanitario, durante el cumplimiento de la condena, sin renunciar a los cuestionamientos sobre la cárcel, y, sobre todo, excluyendo las significaciones del concepto de resocialización en cuanto proceso de imposición ideológica o moralizante (Baratta, 1989).

Esto implica la negación de las pretensiones pedagógicas de la pena, en especial, la que se fundamenta en los siguientes aspectos:

  • La perversión de la aplicación de un tratamiento instrumentalizado mediante la llamada disciplina carcelaria.

  • Los efectos negativos y disociantes que tiene la cárcel (y otras instituciones de control total) en los individuos.

Respecto al primero, aunque en el nivel jurídico la relación entre tratamiento y régimen penitenciario debe establecerse de acuerdo con una subordinación del tratamiento a un sistema de individualización científica, la siempre precaria disponibilidad de recursos materiales y humanos en el sistema penitenciario, las fallas de la administración de justicia y, en general, la insuficiente infraestructura en relación a la población reclusa y condiciones mínimas de vida1, impiden la operacionalización de un tratamiento centrado en el individuo.

Contrariamente, la necesidad de contener los niveles de violencia o conflictividad, trasladan el objetivo primordial hacia la conservación de un cierto orden intra-carcelario; lo que hace prevalecer, en la práctica, el fin de retención y custodia que determina su carácter totalizador – represivo, de forma tal, que la reeducación de los reclusos se valora en proporción directa a su nivel de sometimiento a la disciplina y control carcelarios.

En cuanto a los aspectos negativos de la vida en prisión, se ha documentado suficientemente acerca de los procesos de estigmatización, los grados de violencia intra-carcelaria y la adaptación de subculturas criminales que producen un efecto remarginalizante en los reclusos, que dificulta aun más las posibilidades de reinserción social que se buscan a través de los fines preventivo especiales declarados por la ley.

No obstante lo anterior, tanto los instrumentos internacionales como la legislación interna, otorgan preeminencia al tratamiento penitenciario como estrategia de resocialización.

LA FUNCIÓN REHABILITADORA EN LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS Y FORMAS DE CUMPLIMIENTO DE PENA

La legislación penitenciaria venezolana establece el sistema de progresividad para el cumplimiento de la pena privativa de libertad y la implementación de Medidas Alternativas a la prisión (Ley de Régimen Penitenciario; Código Orgánico Procesal Penal).

El sistema de progresividad implica la evolución del tratamiento del recluso, según el cual se va ascendiendo a espacios de libertad durante el tiempo que supone la condena.

Así, el cumplimiento de las condiciones de las medidas y el mantenimiento de cierto estilo de vida, le proporciona al penado el acceso a nuevos beneficios, que suponen el alcance progresivo de los valores y criterios que el individuo va desarrollando para gestionar “adecuadamente” su comportamiento dentro de la sociedad. De tal manera, que una fórmula de cumplimiento de pena depende de la otra, hasta alcanzar la “capacidad necesaria” que amerita la libertad plena.

En este sentido, podemos afirmar que la adaptación del penado a este sistema es una condición sine qua non para considerar su reinserción en la sociedad. En efecto, el artículo 7 de la Ley de Régimen Penitenciario define el sistema progresivo en los siguientes términos: “Los sistemas y tratamientos serán concebidos para su desarrollo gradualmente progresivo, encaminados a fomentar en el penado el respeto a sí mismo, los conceptos de responsabilidad y convivencia sociales y la voluntad de vivir conforme a la Ley”.

El régimen penitenciario nacional establece tres fórmulas de cumplimiento de pena o excarcelación, que tienen como presupuesto la anterior imposición de la pena privativa de libertad, a las que el sujeto puede optar, bajo ciertos requisitos, al reemplazo de un período de la pena de prisión, para finalizar su condena, bajo supervisión en medio semiabierto o libre. Además, prevé Medidas Sustitutivas a la privación de libertad contempladas para delitos con condenas cortas que se caracterizan por la sustitución de la privación de libertad (prevista en el tipo penal del hecho imputado), por programas de supervisión en medio no institucional, impuestos bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal.

Como es sabido, la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, es la única medida propiamente alternativa a la pena privativa de libertad contemplada en la legislación venezolana. Bajo el cumplimiento de esta medida el beneficiario se somete igualmente a un serie de condiciones que garanticen su desenvolvimiento de forma acorde con expectativas sociales (trabajar, estudiar, mantener el apoyo familiar, etc.) y con expectativas institucionales (fundamentalmente la no reincidencia), revocándose la medida en casos de incumplimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 499 del Código Orgánico Procesal Penal2.

El sistema de progresividad en el que se insertan las fórmulas de cumplimiento de pena, implica la evolución del tratamiento del recluso, por lo que resulta clara la relevancia que la función resocializadora tiene en esas medidas, relación que no se presenta tan evidente en la forma sustitutiva de suspensión condicional de la ejecución de la pena. Sin embargo, si se toma en cuenta la previsión del artículo 272 de la Constitución Nacional en cuanto a la consideración de fórmulas de cumplimiento de pena no privativas de libertad con preferencia a las medidas reclusorias, dentro del mismo precepto en el que se establece la función rehabilitadora, parece adecuado adjudicar a aquélla dicha función, en el entendido que todo el sistema penal debiera, al menos formalmente, responder a los mismos fines3.

Si enfrentamos el marco jurídico positivo con las premisas teóricas que se han tratado de sintetizar, es decir, la función resocializadora o rehabilitadora con la preocupación por mantener al individuo como fin en si mismo, evitando su eliminación física o las imposiciones morales o ideológicas del Estado, el concepto de “reintegración social” surge como un punto interesante de encuentro, que de alguna manera pueda conciliar una interpretación y consecuente operacionalización del momento de la ejecución penal en términos racionales.

A este respecto, la exploración en los supuestos utilitarios que sostienen las fórmulas de cumplimiento de pena y las medidas alternativas a la pena privativa de libertad, a través del estudio del funcionamiento de las mismas, constituye el núcleo central de este trabajo.

La reinserción social del penado se ha interpretado tradicionalmente desde un punto de vista apegado a una ideología del sometimiento o de la resocialización, entendida como adaptabilidad a la disciplina penitenciaria. Criterio orientado hacia los fines preventivo generales, es decir, desde una perspectiva de reafirmación de los valores imperantes o de defensa social; de tal manera que la congruencia entre medios y fines se logra a través de la mediatización del individuo para alcanzar la seguridad social, lo que por otra parte, se sostiene sobre la fragilidad de una incidencia prácticamente nula de los efectos de la pena privativa de libertad sobre los índices de criminalidad.

Por el contrario, la reformulación del concepto de “reintegración del condenado”, concebida como la posibilidad de acceder a espacios de satisfacción de necesidades básicas y desarrollo humano, resultaría mínimamente congruente con los criterios ético filosóficos de la centralidad del ser humano aún en su condición de penado y, al mismo tiempo, cumpliría con la condición de no admitir fines generales ligados a la seguridad o defensa social, que violan la autonomía y dignidad del condenado. Tal como explica Baratta:

“Se parte de la premisa según la cual la reintegración social del condenado no puede y no debe hacerse a través de la pena (detentiva), sino no obstante y contra la pena, vale decir, contrarrestando los efectos negativos que la privación de libertad ejerce sobre sus oportunidades de reinserción, en lugar de pretender cambiar las modalidades de la pena en si misma para hacerla congruente con la finalidad de resocialización (…)” (1999:72).

Según este planteamiento, la pena privativa de libertad no cumple ninguna función que legítimamente pueda sustentarse. Sin embargo, como ya se afirmó, renunciar a ciertas premisas humanistas de la pena puede dar lugar a una interpretación meramente retributiva que afianzaría aun más los postulados de la defensa social. Lo que se propone es, considerar la pena como un espacio donde el reo pueda ejercer ciertos derechos que posibiliten su superación de desventaja social4 (en la mayoría de los casos originaria) y el Estado cumpla con la obligación de prestar los servicios correspondientes de asistencia (acceso a la educación, formación técnica, salud, programas de trabajo, etc.), lo que estaría en concordancia con los postulados del garantismo penal.

Ahora bien, centrando el análisis en un nivel práctico funcional, es preciso considerar que, además de la problemática relacionada con los derechos humanos, los puntos más relevantes en cuanto a la deslegitimación de la privación de libertad como estrategia de resocialización, convergen en los efectos nocivos que produce la institucionalización. Cabría preguntarse, entonces, si en las fórmulas desinstitucionalizadas de control penal confluyen las mismas objeciones, o si el ambiente no institucional puede ser mas propicio para alcanzar los objetivos declarados de la función resocializadora.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

En cuanto a la medida alternativa de suspensión condicional de ejecución de la pena, los estudios de carácter empírico que se han desarrollado, destacan en general el éxito de los denominados beneficios, indicando una tasa relativamente baja de incumplimiento. Así, Bravo Dávila (1983) encontró un 2,2% de revocatorias para un total de 178 reos que accedieron al beneficio durante los siete meses inmediatos a la puesta en vigencia de la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena de 1980. Igualmente, Jiménez (1988) presentó en sus resultados una tasa de revocatoria de 0,4%, en el período comprendido entre 1981 y 1984, estudio realizado en la Región Occidental (Estados Falcón, Lara, Portuguesa, Yaracuy y Zulia). Estos estudios se realizaron sin discriminar los casos activos de los casos pasivos.

En un estudio más reciente, Birkbeck (2002) encontró una tasa de incumplimiento del 9,1%, realizado sobre una muestra de 459 casos que representaron el 8,95% de todos los casos finalizados desde el inicio de implementación de la medida en 1980, hasta el año 2000 en la Región Andina (Estados Barinas, Mérida, Táchira y Trujillo). Es importante resaltar que este estudio, al contrario de los dos anteriormente citados, trabajó únicamente con casos finalizados, de tal manera, que las conclusiones son aún más contundentes.

Al respecto, si bien las categorías de análisis no han estado definidas explícitamente para la evaluación de la función rehabilitadora, se evidencia en todos estos estudios que las variables involucradas se muestran con un saldo favorable al funcionamiento de la medida.

En este mismo sentido, esta investigación estudió el cumplimiento/incumplimiento en casos finalizados de las medidas (Destacamento de Trabajo y Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena), tomando en cuenta, por otra parte, las condiciones de desarrollo humano que se ofrecen a los beneficiarios dentro de estos programas.

Los datos muestran lo siguiente:

En cuanto al cumplimiento/incumplimiento: En la medida de Suspensión Condicional de Ejecución de la Pena, se observó, de un total de 138 casos: 102 cumplieron con el beneficio, lo que representa el 72,46%; 29 incumplieron el beneficio, es decir, el 21,01% y en 7 casos no hubo información acerca de la finalización del beneficio. En estos 7 casos los expedientes se registraron como casos concluidos del beneficio considerando la muerte de los beneficiarios durante el desarrollo de la medida. Esto confirma los hallazgos de las anteriores investigaciones en cuanto a la baja tasa de incumplimiento y, desde la perspectiva de esta investigación, la presunción de que la mayoría de los beneficiarios que han finalizado con éxito han logrado su reinserción social.

En cuanto a las causas de incumplimiento: Dentro de los ítems considerados como causales de incumplimiento en el instrumento se establecieron: la imputación por un nuevo delito, la evasión, el incumplimiento de las condiciones y otro; encontrándose que del total de los incumplimientos en sólo dos (2) casos éste estuvo fundamentado en la imputación de un nuevo delito5, mientras que 19 correspondieron al abandono del régimen (evasión) y 8 casos al ítem “otro”, donde se evidenció, un caso por incumplimiento de las obligaciones, seis casos en donde el beneficio se finaliza por la muerte del probacionario y uno de ellos por haber sido transferido a otra jurisdicción.

En la interpretación de estos datos, se observa que, dado que el abandono del régimen constituye la causal mas frecuente de incumplimiento, no es posible conocer el comportamiento posterior del probacionario en cuanto a su reintegración social mediante los registros analizados. Sin embargo, puede inferirse que la evasión supone igualmente el abandono de sus compromisos o relaciones familiares, laborales, etc. en la jurisdicción en la que se desenvolvía el beneficio. Aunque, también puede significar simplemente el desapego por el sometimiento a un control de sus actividades, si bien sobre este punto es importante advertir, que este tipo de medida, es percibida por los beneficiarios como no coactiva, percibiendo igualmente al delegado de prueba como un orientador y una ayuda para la solución de sus problemas (Jiménez, 1988).

En este sentido, el abandono del régimen, ha estado relacionado en investigaciones anteriores, a la falta de información o información errónea del probacionario en cuanto a las condiciones de cumplimiento del beneficio entre las que se encuentra la presentación periódica ante el delegado de prueba; lo que indica una falla institucional en la implementación de la medida, que puede provenir tanto de la instancia judicial como de la administrativa.

En todo caso, en materia de incumplimiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el abandono o evasión, se muestra recurrentemente como la causal mas frecuente de incumplimiento. Por lo que no puede afirmarse concluyentemente, que esto supone el fracaso de la medida en términos de reintegración social del individuo, tomando en cuenta, adicionalmente, que “la imputación por un nuevo delito” sólo se presentó en dos casos de la muestra estudiada.

En relación a la fórmula de cumplimiento de pena denominada Destacamento de Trabajo, ésta se caracteriza por ser el primero de los beneficios previstos en la Ley de Régimen Penitenciario dentro del sistema de progresividad y el único que se cumple dentro del establecimiento penitenciario, ya que los beneficiarios después de cumplir con su trabajo diario deben regresar para pernoctar dentro del penal.

En este caso, la investigación ha tomado en cuenta el estudio realizado por Birkbeck (2003) que constituye su antecedente más cercano. El citado trabajo presenta en sus resultados una tasa del 60,7% de cumplimiento frente a un 39,3% de incumplimiento, realizado sobre los casos pasivos o concluidos desde marzo de 1999 hasta julio de 2002, llevados en los archivos de las Unidades Técnicas de Apoyo al Sistema Penitenciario de la Región Andina, lo que representó un total de 403 casos de los cuales se encontraron 382 con información que constituyeron el estudio de casos. En las causales de revocatoria se destaca: 57,8% de destacamentarios que incumplieron por evasión del área de pernocta, un 7,2% por ausentarse de la pernocta 3 veces en un mes, 7,2% sentenciado por nuevo delito, 0,6% por introducir armas en el recinto, 1,3% por el informe negativo del patrono, 0,6% por falsificar documento de tipo médico o laborales, 24,7% en el ítem otro (que mayoritariamente se refiere al incumplimiento de las condiciones del beneficio) y ningún caso por introducir drogas al área de pernocta.

En los resultados de esta investigación, se observa, un incumplimiento del 54,5% mientras que el cumplimiento se identificó con un 45,5% de la muestra analizada (66 casos).

Acerca de las causas de incumplimiento, se encontró que en 22 casos, 61,1%, hubo evasión del destacamentario, en 6 casos que representan el 16,7% se revocó el beneficio por informe negativo del patrono; por imputación por un nuevo delito se presentaron 3 casos de incumplimiento y por comercializar con drogas un solo caso; finalmente, en el ítem “otro” se encontraron 4 casos.

En primer lugar, llama la atención que la tasa de incumplimiento es mayor que la revelada en la Región Andina, en donde se observa mayor tendencia al cumplimiento. Sobre este aspecto, es importante aclarar que la investigación de la Región Andina se realizó en todas las Unidades Técnicas de la Región mientras que en el presente estudio, la muestra se tomó de aquellos destacamentarios que cumplen su condena en la Cárcel Nacional de Maracaibo y que son atendidos por la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario con sede en Maracaibo, pero que, a pesar de tener competencia regional (para otros estados) de acuerdo a lo recabado, los registros procesados corresponden a destacamentarios provenientes de la citada institución penal.

En este sentido, es interesante la observación que se realiza para la Región Andina en cuanto a las variaciones en el funcionamiento del destacamento de trabajo, relacionada a la jurisdicción donde éstos se implementan y que incide de manera determinante en el funcionamiento de la medida. Las diferencias que se encuentran de una jurisdicción a otra, de acuerdo con la investigación citada, sólo pueden interpretarse de manera especulativa: en función de la diversidad de criterios técnicos, valores, recursos y relaciones inter-institucionales de los profesionales (jueces, personal penitenciario, Guardia Nacional, delegados de prueba) involucrados en la administración del destacamento de trabajo6.

Los resultados sobre las causales de revocatoria o incumplimiento del beneficio presentan mayor similitud, colocándose, la evasión como primera causal de incumplimiento en ambas investigaciones.

Por otra parte, si bien hay una diferencia en cuanto a las tasas de cumplimiento/incumplimiento entre las dos investigaciones, es de notar que en contraste con la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena, en ambos estudios se observa que hay una tendencia mayor al cumplimiento de esta última. De acuerdo con el estudio para la Región Andina, esto puede tener su explicación en la condición de delincuentes primarios que se exige para el régimen de prueba, que no es requisito para los destacamentarios, y, en el poco o ningún tiempo que los probacionarios han pasado recluidos.

En esta investigación una de las hipótesis formuladas es la de que el contacto con el ambiente carcelario puede incidir en el comportamiento de los beneficiarios durante el desarrollo de las medidas; tomando en cuenta que de los beneficios de semilibertad previstos en la legislación venezolana la mayor tasa de incumplimiento la presenta el Destacamento de Trabajo con un 54,5% frente a un 45,5% de cumplimiento de la medida7.

Si se toma en consideración los aspectos negativos concernientes a la institucionalización, pueden asociarse al incumplimiento de la medida, variables que se dimensionan a partir de la forma en la que se operacionaliza o concibe este beneficio (Leal, García y García, 2006). Es decir, fundamentalmente, la pernocta en el establecimiento penitenciario, que representa la mayor problemática para los destacamentarios en el cumplimiento del beneficio.

El estudio realizado por Birkbeck (2003) sobre destacamento de trabajo, se centra en el concepto de “desempeño penal”, que busca estudiar los objetivos y las estrategias abordadas por el sujeto frente al control penal al cual está sometido, pero que también valora la actuación del Estado frente a las obligaciones y objetivos que la ley le plantea en términos de la implementación del sistema penitenciario. Así, la evasión del área de pernocta, es decir, la evasión del destacamentario, se interpreta en dicha investigación, como una estrategia radical del individuo para alcanzar las libertades que ha perdido cuando no encuentra posibilidad de cumplir satisfactoriamente la medida.

Desde la perspectiva de esta investigación, estos datos pueden conducir a un acercamiento de la hipótesis ya planteada: la cual considera que el ambiente institucionalizado del establecimiento penitenciario (con todos sus problemas accesorios) no favorece a la progresividad del individuo para lograr culminar con éxito la medida, en tanto el beneficiario se somete a una serie de condicionantes negativos y exposiciones a la violencia.

Así, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de reclusos que solicitan algún beneficio, el Destacamento de Trabajo resulta ser el menos requerido8, a pesar de que supone el menor tiempo de cumplimiento de la pena privativa de libertad (1/4 del tiempo de la condena), por cuanto existe mucha dificultad para el aspirante en lograr recabar los requisitos para su otorgamiento.

En particular, la colocación laboral (indispensable), que debe ser obtenida por cuenta del propio recluso estando en prisión, de tal manera, que si no cuenta con un apoyo familiar que gestione dicha colocación en el mundo exterior, ésta resulta una tarea casi imposible. Además, existen circunstancias de carácter práctico que dificultan el retorno oportuno al penal, tales como la hora de salida del respectivo lugar de trabajo, el tráfico vehicular, problemas eventuales de transporte público, etc.

Todas estas circunstancias parecieran incidir en la toma de decisión del recluso para solicitar dicho beneficio, puesto que percibe dificultades que lo inducen a optar por otra medida, sea esta Régimen Abierto o Libertad Condicional. Aunque esto implique mayor tiempo en reclusión, desde el punto de vista de los beneficiarios, las perspectivas favorables para el cumplimiento de esas medidas son mayores que para Destacamento de Trabajo.

EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE DESARROLLO HUMANO QUE OFRECE EL PROGRAMA

Para esta variable el estudio se realizó mediante la observación directa en las Unidades Técnicas y mediante entrevistas realizadas a los Funcionarios. El Programa de Reinserción Social se encuentra adscrito al Ministerio de Interior y Justicia, y se encarga de la supervisión y control de las fórmulas de cumplimiento de pena y las formas alternativas a la pena privativa de libertad; mediante diferentes departamentos internos dependientes de la Dirección General de Rehabilitación del Recluso y de Coordinaciones Regionales (Capital, Central, Oriental, Andina y Zuliana), dentro de los que se encuentran las Unidades Técnicas de Apoyo, los Centros de Tratamiento Comunitario y los Centros de Evaluación y Diagnóstico; conformados por profesionales tales como sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados.

Las Unidades Técnicas de Apoyo tienen bajo su competencia las medidas de suspensión condicional del proceso y ejecución de la pena, el destacamento de trabajo y la libertad condicional. Los Centros de Tratamiento Comunitario se encargan del Régimen Abierto y los Centros de Evaluación y Diagnóstico, de realizar informes técnicos individuales que evalúan el perfil psicológico de quienes aspiran a algún beneficio.

El programa funciona, como ya se indicó, para el control y monitoreo de cada uno de los beneficios, mediante la asignación de un determinado número de casos al personal técnico, que se encarga de la supervisión continua del comportamiento de los beneficiarios, a través de la elaboración de informes conductuales que son enviados al juez de ejecución correspondiente y de esta forma, evaluar lo que se denomina la progresividad del individuo hasta la culminación de la medida.

En el desarrollo de sus funciones, los delegados de prueba se desplazan hasta los lugares de trabajo de los beneficiarios para constatar ciertas situaciones. Igualmente se relacionan con el núcleo familiar e incluso con la comunidad. A pesar de la mística con la que trabajan los delegados de prueba, de acuerdo con los datos recabados, el programa no ofrece ni facilita el acceso a ningún tipo de servicios asistenciales, ni existen programas de estímulo para el desarrollo de redes sociales de apoyo post penitenciarias, si bien se desarrollan ciertas actividades recreativas, deportivas y culturales a través de un departamento denominado de Actividades Complementarias cuya programación se realiza mediante eventos dirigidos al auto-crecimiento y capacitación del personal y la población atendida, organizados con otros organismos.

Asimismo, en algunas medidas (Régimen abierto) se llevan a cabo actividades de orientación espiritual, estas últimas mediante la participación del voluntariado religioso (grupos católicos y evangélicos).

Igualmente, en cuanto al ofrecimiento de algún tipo de oportunidades de estudio o capacitación, es importante resaltar los esfuerzos que realizan los Delegados de Prueba para solicitar a otras instituciones (INCE, CORPOZULIA) cursos, talleres, etc., con el objeto de brindar a la población atendida espacios para su desarrollo intelectual o técnico.

Sin embargo, la mayor parte de su actividad se ve limitada por la preponderancia de las tareas custodiales. En este sentido, influyen algunos factores de carácter operativo, principalmente la desproporción entre el número de casos asignados y el personal disponible para su supervisión.

Pero de forma determinante, la limitación del programa se evidencia en la interpretación acerca de las metas del tratamiento y la resocialización previstas en la ley, que produce la operacionalización de estas medidas bajo un subyacente sentido de sometimiento ideológico. Se trata de un problema estructural, relacionado más con el diseño de los programas que con el desempeño de los delegados de prueba, quienes por lo general, asumen funciones más allá de sus obligaciones.

Es indudable que, formalmente, el sistema progresivo previsto en la legislación nacional contempla una serie de métodos de tratamiento, tales como el trabajo y el estudio, que se asimilan a la idea de reintegración social, y que encuentran en la alternativa a la prisión y las fórmulas de cumplimiento de pena su mayor posibilidad de concreción. Sin embargo, es importante destacar que las medidas de cumplimiento y alternativas a la privación de libertad, no se apartan de la simbología del control represivo y segregativo propio de la cárcel, que involucra un discurso que legitima la pena privativa de libertad.

En este sentido, el sistema de premios y castigos, que subyace en el sistema progresivo, gira fundamentalmente en torno al cumplimiento de las condiciones propias de las medidas más que al verdadero desarrollo humano del beneficiario.

Al respecto, dentro del Programa de Reinserción Social no se implementan planes o convenios de tipo laboral que puedan ofrecer a los posibles beneficiarios alguna facilidad de colocación en el mercado de trabajo, en condiciones tales que se garantice también la seguridad social del beneficiario y su entorno familiar. La misma situación se presenta en cuanto al estudio o preparación técnica y el acceso a espacios culturales o deportivos.

Si bien no se pretende que el Estado se encuentre en la obligación directa de colocación laboral o educativa, si se espera que el diseño e implementación de los programas dirigidos a la reinserción social, se desenvuelvan dentro de una infraestructura acorde con las expectativas legales.

Contrariamente, la falta de recursos o presupuestos destinados a este programa, que se evidencia por factores como la baja condición laboral de los funcionarios, la falta de recursos humanos, la poca disponibilidad de insumos materiales de las Unidades Técnicas, entre otros, parecieran indicar una preocupación marginal por las condiciones que acompañan a los individuos sometidos a estas medidas, y, en consecuencia, por la posibilidad de su reintegración social.

Así, el derecho al trabajo, al estudio, el cambio en su estilo de vida, la no reincidencia en el delito, etc., son alcanzadas bajo el esfuerzo personal y familiar de los beneficiarios y con poco (o ningún) apoyo del sistema que le exige dichas condiciones para mantenerse dentro de las medidas, bajo la amenaza de revocatoria del beneficio y su consiguiente regreso a la prisión sin posibilidad de acceder a un nuevo beneficio (artículo 493 y 500 del Código Orgánico Procesal Penal).

En este sentido, la resocialización que debiera estar centrada en el individuo y sus derechos, está centrada en el control del individuo y sus deberes.

CONCLUSIONES

En relación al funcionamiento del programa y la reinserción social del condenado

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los funcionarios del programa de reinserción social, se pudo constatar los siguientes núcleos problemáticos que inciden desfavorablemente en su funcionamiento, a saber:

  • La improvisación a nivel operacional de planes coherentes y definición de políticas penitenciarias producto del cambio constante de ministros y directores del Ministerio del Interior y Justicia, evidenciándose una planificación espasmódica, sin directrices que orienten una política criminal sostenida.

  • El manejo centralizado de los presupuestos que ocasionan la carencia de recursos financieros o su asignación a destiempo, lo que induce a irregularidades de carácter administrativo y operativo y la imposibilidad de resolver los problemas de funcionamiento, particularmente la ejecución y desarrollo de planes y programas por efecto de las limitaciones de recursos humanos, material y equipos requeridos.

  • La escasa capacitación del personal custodial y de asistencia, lo que compromete un efectivo desarrollo de sus funciones, aunado a una baja remuneración. Esta poca capacitación profesional es directamente proporcional a la posibilidad para conducir el proceso rehabilitador con criterios científicos.

  • Insuficiente personal para atender el número de beneficiarios lo que no favorece el proceso de seguimiento, control y tratamiento y que va en desmedro de su capacidad de aportar sus conocimientos y experiencias en el desarrollo de planes educativos, culturales, etc.

  • La falta de políticas asistenciales y de apoyo al beneficiario, evidencian poca voluntad institucional para procurar reales condiciones de reintegración social mediante la implementación de estas medidas.

En cuanto a la interpretación y operacionalización de los fines rehabilitadores:

  • En el funcionamiento de las medidas, es decir, en la operacionalización del tratamiento, los derechos que como ciudadano poseen los sujetos sometidos a estas formas de control penal se instrumentalizan en función de objetivos disciplinarios y de control.

Aún cuando en los roles de los supervisores y de los delegados de prueba se evidenció una actitud fuera de un sentido coactivo y represivo, las previsiones legales existentes resultan como limitantes para el desarrollo funcional del programa, ya que existe un apego estricto a los criterio legales en los delegados de prueba apoyados en la legislación venezolana que establecen las instituciones que configuran las fórmulas de cumplimiento de pena (como es el caso de destacamento de trabajo) y que suponen la posibilidad de concreción del sistema progresivo con el consecuente sometimiento a las exigencias disciplinarias (salida, pernocta, etc.). Así como se ha sostenido en otra oportunidad “el sometimiento al cumplimiento del régimen disciplinario y el pronóstico favorable del equipo multidisciplinario, al que se condiciona el régimen progresivo, conllevan un significativo cuestionamiento si se toma en consideración las manifestaciones de violencia desarrolladas en el submundo carcelario, que están asociadas a estrategias de sobrevivencias de los internos” (Leal, García y García; 2006:507).

Tomando en cuenta que, en particular, el funcionamiento de la medida Destacamento de Trabajo en la Cárcel Nacional de Maracaibo no dispone de un área especial y aislada para los destacamentarios, quienes quedan expuestos no sólo a las condiciones ya negativas de la prisión, sino también a una seria de eventos (hurtos, robos, abusos, desprecios, etc.), que por su condición de beneficiarios sufren por parte del resto de la población reclusa, es posible inferir la afirmación de la hipótesis ya planteada en relación a que el contacto con el ambiente carcelario puede incidir en el comportamiento de los beneficiarios durante el desarrollo de la medida. En efecto, es significativo el hecho de que la tasa de incumplimiento sea de un 54,5% frente a un 45,5% de cumplimiento de esta medida.

  • En virtud de la tendencia favorable al cumplimiento en la medida alternativa a la prisión Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, la función resocializadora, prevista en la Constitución nacional, pareciera tener, pese a las críticas, una mayor posibilidad de realización dentro de las formas no institucionalizadas. Sin embargo, el éxito de esta medida no es una condición suficiente; se hace necesario un replanteamiento de la idea de resocialización, orientado a la materialización de las condiciones que hagan posible la concreción de los derechos de los condenados.

  • En todo caso, la medida alternativa a la privación de libertad, suspensión condicional de ejecución de la pena, ofrece dos condiciones que han quedado evidenciadas como favorables a la reintegración social, esto es, la desinstitucionalización del control y el desenvolvimiento de los roles de los delegados de prueba dentro de un régimen de confianza basado fundamentalmente en la orientación. Destacándose como indicador de esta afirmación el hecho de que en la medida destacamento de trabajo, que se cumple en medio institucional, presenta el único caso en donde la tasa de incumplimiento es mayor que la de cumplimiento.

Notas

*  Los resultados de este artículo son parte del Programa de Investigación intitulado: “Modernización y Reforma del Control Social Formal en Venezuela,” Parte IV. Financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia. Bajo registro No. VAC-CONDES-CH 0772-2005.

Ponencia Presentada en el III Encuentro Anual de Criminología, organizado por el Foro venezolano de Criminología en la Universidad Católica Andrés Bello. Noviembre 2006.

1 Acerca del diagnóstico sobre la situación carcelaria en Venezuela ver Informe PROVEA, 2004-2005.

2 “El Tribunal de Ejecución revocará la medida de suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena cuando por la comisión de un nuevo delito sea admitida acusación en contra del condenado. Así mismo, este beneficio podrá ser revocado cuando el penado incumpliere alguna de las condiciones que le fueren impuestas por el juez o por el delegado de prueba (…)”.

3 Sobre nuevas posturas en el Derecho Penal que adjudican fines diferenciados a la intervención punitiva del Estado en contra de toda racionalidad del principio de igualdad formal ver Ferreira de Abreu (2005).

4 Debido a la selectividad estructural del sistema penal, la condición socio económica de la población que ingresa al sistema es mayoritariamente de bajo estrato. No obstante, dado el carácter estigmatizante de la pena, se considera que todo aquel que se encuentre bajo el castigo penal se encuentra en desventaja social.

5 Al igual que en la investigación de Birkbeck (2002) la imputación por nuevo delito no se entiende como imputación judicial (que puede haberse dado o no) sino como adjudicación de dicha situación por parte del Delegado de Prueba en el informe correspondiente. En el mismo sentido ha sido operacionalizado el ítem “evasión” entendida como el abandono del régimen de prueba y la solicitud de revocatoria hecha por el delegado al juez de ejecución, independientemente de que se hubiere judicialmente revocado. Se sobrentiende que, en ambos casos, administrativamente el beneficio ha finalizado.

6 Las diferencias en los resultados entre las distintas jurisdicciones acerca del funcionamiento de esta medida parecen ser una constante en este tipo de investigaciones. Al respecto, ver Birkbeck (2003).

7 Mientras que en las medidas Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena se observa un 21,01% de incumplimiento en contra del 72,46% de cumplimiento, en Régimen Abierto, 30% y 70% respectivamente, y, en Libertad Condicional 22% frente al 78% de cumplimiento.

8 Según los datos recabados en la Unidad Técnica Zulia desde 1998 hasta el 2004 para Destacamento de Trabajo existían 403 destacamentarios entre casos activos y pasivos mientras que para Suspensión Condicional de la Pena, el número ascendía a 8378 y para Libertad Condicional 994 casos.

LISTA DE REFERENCIAS

1. BARATTA, Alexandro (1989). Resocialización o control social. Por un concepto crítico de la reintegración social del condenado. Tesis S/N.        [ Links ]

2. BRAVO DÁVILA, Luis (1983). La ley de sometimiento a juicio y suspensión condicional de la pena. Fundamentos y aplicación del tratamiento en libertad. Universidad Central de Venezuela. Caracas.        [ Links ]

3. BIRKBECK, Christopher (2002). El funcionamiento del régimen de prueba en VENEZUELA: Un estudio de la región andina, 1980-2000. Revista Capítulo Criminológico. Vol. 30, Nº 2, Abril- Junio. Pp. 49-82.        [ Links ]

4. BIRKBECK, Christopher (2003). El Desempeño Penal bajo el destacamento de trabajo en la región andina de Venezuela 1999-2002. Revista Capítulo Criminológico. Vol. 31, Nº 4, Octubre-Diciembre. Pp. 33-74.        [ Links ]

5. FERREIRA, Francisco (2006). Resocialización o inocuización acerca del Derecho Penal del enemigo en el contexto de la reforma penal venezolana. Revista Capítulo Criminológico. Vol. 34, Nº 3. Julio-Septiembre. Pp. 363-410.        [ Links ]

6. JIMÉNEZ, María Angélica (1988). La probación: Una medida eficaz de prevención especial (Referencia de la Región Centro Occidental Zuliana). Universidad del Zulia, Instituto de Criminología. Maracaibo-Venezuela.        [ Links ]

7. LEAL Luisa, GARCÍA Adela (2002). Discurso y Garantismo: Consideraciones acerca de los fines de la pena. Revista FRONESIS. Vol. 9, Nº 2. Pp. 85-121.        [ Links ]

8. LEAL Luisa, GARCÍA Ismael y GARCÍA Adela (2006). Una aproximación a las representaciones sociales en la medida destacamento de trabajo. Revista Capitulo Criminológico. Vol. 34, No.4. Octubre-Diciembre. Pp. 495-524.        [ Links ]

9. PROVEA (2004-2005). Informe Anual. Edición y Distribución PROVEA. Caracas.        [ Links ]

10. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2001). Reforma parcial de la Ley de Régimen Penitenciario. Caracas, Venezuela.        [ Links ]

11. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2006). Código Orgánico Procesal Penal. Caracas, Venezuela.        [ Links ]

12. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (1999). Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, Venezuela.        [ Links ]